La localidad de Punta del Este, situada en el sureste de Uruguay y epicentro de la actividad social en el verano, tendrá desde los primeros días de 2022 el primer cajero para criptomonedas del país suramericano.

Según fuentes de las empresas locales inBierto y Urubit, encargadas de la fabricación, el cajero UTM comenzará operando las cripto uruguayas Urubit y Ferret Token.

Luego, los usuarios podrán convertir esos “tokens” (vales) a otras criptomonedas, como bitcóin, ethereum o tether. También, pondrán vender sus criptos y recibir dinero al valor del mercado.

“Esto lo primero que va a hacer es cumplir con algo que mucha gente que está vinculada al mundo cripto estaba pidiendo. Hoy Uruguay tiene más de 30 mil personas que están contando, ‘holdeando’ e intercambiando criptomonedas casi todos los días”, indica Adolfo Varela, director y fundador de la empresa InBierto.

Asimismo, agrega que la idea a partir de ahora es seguir su expansión hasta llegar a Montevideo, el resto de Uruguay y el continente.

“Nosotros creemos que América es el continente ideal para implementar el uso de tecnología ‘blockchain’ de criptomonedas por una cuestión de que las monedas tienen políticas económicas propias, que son deflacionarias, que protegen el dinero de la gente y que lo que logran en un continente que conoce mucho de inflación es permitirle a la gente ahorrar y cuidar su dinero”, apunta Varela.

Finalmente, destaca el “crecimiento exponencial” que este asunto tuvo en el último tiempo en Uruguay, donde la gente “comenzó a hablar del tema, a interesarse y a involucrarse”.

“Creemos que se empezó a recorrer un camino que va a ser el futuro de las finanzas, de la tecnología, de la información y del valor que va a transformar creo que la forma de vivir de todos, porque todo va a pasar a través de la tecnología ‘blockchain"”, concluye Varela.

Uruguay no cuenta con “regulación específica” sobre los “activos virtuales”, según recordó el pasado 1 de octubre en un comunicado el Banco Central (BCU).

“Estos instrumentos pueden tener el potencial de contribuir al desarrollo y eficiencia del sistema financiero y de pagos, pero pueden generar nuevos riesgos o exacerbar los existentes, en ausencia de una regulación específica que permita mitigarlos”, explicaba dicho texto.

El BCU alertaba entonces de que “estos instrumentos no constituyen monedas de curso legal” y que “no fueron emitidos ni cuentan con el respaldo de ningún banco central”.