La Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó y pidió fuertes multas por colusión contras las principales empresas de transporte de valores (Brink’s, Prosegur y Loomis) y contra seis de sus ejecutivos.
Las multas pedidas por la FNE al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) van desde los 63 millones de dólares.
La FNE presentó el pasado 7 de octubre ante el TDLC un requerimiento por colusión contra las tres principales empresas de transporte que operan en Chile.
Esto, por haber celebrado y ejecutado en acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018.
Acorde a la modificación aplicada en 2016 al régimen de multas, la Fiscalía Nacional Económica pidió que se aplique a los requeridos sanciones a beneficio fiscal.
Estas totalizan 81.585 Unidades Tributarias anuales, equivalentes aproximadamente a 63,4 millones de dólares.
Según detalla la FNE, se logró acceder a esta información gracias a la colaboración del Federal Bureau of Investigation de Estados Unidos (FBI).
Multas que pide la FNE
Las mayores multas están siendo solicitadas para las empresas Brink’s Chile S.A. por 39.325 UTM, correspondiente a 30,5 millones de dólares.
Por otra parte, a Juncadella Prosegur Group Andina S.A. por 33.253 UTM, equivalentes a 25,8 millones de dólares.
Para Wagner Seguridad, Custodia y Transporte, la Fiscalía pidió una multa correspondiente a US$6,4.
En el caso de los ejecutivos, se pide sancionar a los gerentes generales de las tres empresas de transportes de valores en Chile.
Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil).
Además, el documento indica que se pidieron multas para los jefes regionales de cada una de estas compañías internacionales.
“Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco.