En junio el Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), comprometió un diagnóstico para el presente mes de agosto con respecto al alza de precios de los materiales de la construcción.
En aquella oportunidad el Ejecutivo había señalado que implementaría la entrega de subsidios distintos o asignaciones directas a las Pymes, por concepto de este aumento que resintió el bolsillo tanto de empresas como de particulares.
De acuerdo a un reporte de prensa de la Cámara de Diputados, el ministro del Minvu, Felipe Ward, y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) -cumpliendo con los plazos- se refirieron al respecto ante la Comisión de Vivienda.
Previamente, tanto el Gobierno como la CChC coincidieron en que problemas de stock en materiales fundamentales como barras de acero, madera y cemento -más los costos de los fletes navieros- incidieron en el alza de los valores de los materiales.
Ahora, tanto el secretario de Estado como el gremio de la construcción concordaron en que se debe progresar en una alianza amplia que permita avanzar en políticas de Estado que enfrenten el creciente déficit habitacional, que afecta a cientos de miles de hogares en nuestro país.
“Este alza en los precios de los materiales impactó negativamente el giro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Además, en cerca de tres mil empresas, donde el 80% son Pymes que trabajan con el Ministerio”, dijo Ward.
El ministro informó sobre las medidas transitorias que se están ejecutando para enfrentar los efectos de la pandemia covid-19 y también reactivar la actividad de la construcción.
Comunicó -de acuerdo al reporte de la Cámara Baja- que ajustaron los subsidios a proyectos del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que beneficia a la población más vulnerable del país.
Para ello, incorporaron un mayor valor en los materiales de la construcción e incrementaron las facultades de los seremis.
Enfatizó que, actualmente, “han ingresado en los distintos Serviu 38 mil 122 solicitudes para optar al subsidio adicional. Ello representa un 40% del total”.
En cuanto a la representación de las solicitudes ya ingresadas a Serviu que podrían acogerse a este mecanismo en cada región, destacan las siguientes regiones: Arica y Parinacota (87,3%), Ñuble (85,7%), Metropolitana (81,7%), La Araucanía (56,0%), Los Ríos (50,1%) y Maule (48,7%).
Sospechas de colusión
Con respecto a este mismo tema, el 12 de julio un grupo de diputados de la Democracia Cristiana (DC) solicitó a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que profundice en los detalles que podrían existir tras el alza de precios de los materiales de la construcción.
Los parlamentarios esperan que con ello se descarte o confirme una eventual colusión por parte de las empresas proveedoras.
A través de una misiva con con doce firmantes, pidieron al fiscal de la FNE, Ricardo Riesco, que se incorpore una investigación -en caso de aún no existir- sobre hechos que podrían significar “una afectación de la libre competencia y/o una colusión en el mercado de materiales de la construcción”.
Plantearon, además, que en parte la gran demanda por dichos materiales surgió “en virtud del retiro del 10% de los fondos de AFP”, dinero que muchas personas destinaron para mejoras en el hogar.
En la misma línea, por último, subrayaron que una investigación al respecto es importante ya que “la vivienda es el principal patrimonio de las familias chilenas”.