Según las últimas cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación informal en Chile aumentó un 6,6%, alcanzando un 28,9% el el primer trimestre de 2020.

Este aumento se ha visto mayormente en las actividades de salud y el comercio. Este último con un incremento de 13.8%.

El alcalde de la comuna de Independencia, Gonzalo Durán, explicó que la crisis a raíz del coronavirus ha evidenciado que existe un alto porcentaje de personas que viven del día a día y que se han visto en la obligación de resolver sus necesidades recurriendo al comercio ambulante.

Por lo mismo, junto a otros alcaldes identificaron dos urgencias que transmitieron al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, además de identificar los focos que concentran mayor preocupación.

“Incrementar la fiscalización e incrementar la ayuda social. Adicionalmente también vemos con preocupación algunos focos que concentran nuestra propia coordinación, lo que denominamos el sector de Mapocho-La Chimba, para los municipios de Santiago, Recoleta e Independencia, pero son fenómenos que se repiten en otras partes de Santiago”, apuntó Durán.

El alcalde de la Comuna de Estación Central, Rodrigo Delgado, señaló que el control del comercio ilegal es uno de los cuatro puntos prioritarios de la comuna durante la cuarentena.

Por lo mismo, explicó que aumentaron la dotación para la fiscalización y también el control policial.

“Tenemos el doble de dotación tanto de inspectores como también vamos a tener una fuerte fiscalización policial. Vamos a tener una estrategia de copamiento de espacios donde generalmente se ponen los comerciantes ambulantes ilegales y también el hecho de estar en cuarentena total nos permite tomar medidas que antiguamente no podíamos tomar”, advirtió Delgado.

Dentro de estas medidas, está el tomar detenidos a los comerciantes ambulantes ilegales.

Catalina Littin, directora Ejecutiva de la Fundación para la superación de la pobreza, señaló a El Mercurio que en el contexto actual, el trabajo de precariza de manera significativa, lo que implica que el Estado, los privados y la sociedad civil deben hacer esfuerzos extraordinarios para evitar poner en riesgo la sobrevivencia de las familias.