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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Pro Consumidor, que busca fortalecer la protección de los derechos de los consumidores, cuyo objetivo es evitar la presencia de vacíos legales que faciliten la vulnerabilidad de tales derechos. La iniciativa quedó en condiciones de ser analizada por el Senado.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, valoró este avance en favor del “fortalecimiento de los derechos de los consumidores, tanto a través de medidas que propendan a una mejor información en el mercado, como aquellas que le dan la capacidad de hacer valer mejor sus derechos”.
En este contexto, también se aprobó una indicación del diputado Karim Bianchi, para que las ofertas en el comercio sean abiertas a cualquier medio de pago y no exigiendo un método de pago exclusivo a los clientes.
Respecto al proyecto de ley, este tiene como propósito focalizar el fortalecimiento de los consumidores en las siguientes materias:
-Procurar una mejor regulación, tanto del derecho a retracto en compras celebradas por medios electrónicos como de los contratos de adhesión.
-Ampliar los derechos del consumidor financiero y el derecho de prepago referido al consumo.
-Otorgar la libre elección del consumidor, entre la garantía legal y la voluntaria.
-Mejorar el deber de información en caso de sobreventa de pasajes aéreos, ajustando en este caso las compensaciones en caso de denegación de embarque conforme a estándares internacionales.
Sobre la indicación que presentó, Bianchi comentó que con ella se buscará “evitar las ofertas que son atadas a determinados medios de pago. Con esto, lo que entendemos es que las empresas lo que quieren no es vender un producto, sino lo que están vendiendo es un crédito, un seguro, y eso hace que la gente se endeude”, expresó.
A juicio del parlamentario, hoy existe una “discriminación arbitraria” por tener o no determinada tarjeta.
“Entendemos que las ofertas deben ser universales y reales, no pueden estar condicionadas a un medio de pago, sino que sea asequible a todas las personas”, expresó.
El proyecto Pro Consumidor
En proyecto de ley que avanzó en la Cámara Baja modifica el derecho a retracto y establece que el consumidor podrá poner término unilateralmente al contrato en el plazo de 10 días, contados desde la recepción del producto o desde la contratación del servicio y antes de la prestación del mismo, a menos que el proveedor haya dispuesto expresamente lo contrario.
Se propone que los proveedores informen siempre a los consumidores los medios físicos y tecnológicos a través de los cuales podrán hacer efectivos sus derechos y poner término a los contratos, según lo establecido en los mismos, y que, en ningún caso, se podrá exigir condiciones más gravosas que aquellas utilizadas para la contratación.
Otras consideraciones
La propuesta también amplía los derechos del consumidor financiero y el derecho al prepago en materia de consumo; y se clarifica el derecho de opción del consumidor entre la garantía legal y las denominadas garantías voluntarias o convencionales.
Del mismo modo, se realiza una modificación en materia de deberes de información en caso de denegación de embarque de pasajeros por sobreventa u overbooking e incumplimiento de las medidas de mitigación y compensación de las aerolíneas.
En esa línea, el mensaje busca fortalecer el derecho del consumidor a ser informado con anticipación del procedimiento en caso de denegación del embarque por la aerolínea, en caso de sobre venta y en ese caso de cuáles son las medidas de mitigación y compensación que tendrá a su favor.
Asimismo, el proyecto ajusta las compensaciones según estándares internacionales y modifica la fórmula de cálculo de las indemnizaciones que correspondan, cuyo monto se determinará según la diferencia entre la hora de llegada y la prevista para el vuelo inicialmente reservado y no según la hora de salida respecto a la prevista para el vuelo inicialmente reservado, como lo dispone la ley vigente.
En tal sentido, se establecen ciertos deberes de información junto con una sanción contravencional en la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, frente a su incumplimiento.
