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El gran empresariado expresó este viernes su “preocupación” al Gobierno por el proyecto de ley que busca que los bancos asuman la responsabilidad por fraudes electrónicos, argumentando que mayores costos a la banca se traducirán en mayores cargas para los usuarios. La moción parlamentaria ha pasado controversias, cambios, y retractaciones en el Congreso durante la primera mitad de marzo.
El Ejecutivo defendió la iniciativa, asegurando que la Corte Suprema le da la razón con recientes fallos, estableciendo precedentes que responsabilizan a los bancos de la seguridad y reposición de los fondos sustraídos a sus clientes producto de fraudes o vulneraciones.
La Suprema falló esta semana en contra del Banco de Chile en esta materia, implicando la construcción de un precedente en la Justicia, por cuanto ya ha resuelto de la misma forma en otras dos ocasiones. Una fue en junio de 2018 en contra de Banco Itaú, y otra un mes después en contra de BancoEstado.
Desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) -una de cuyas ramas asociadas es la Asociación de Bancos (ABIF)-, expresó su “preocupación” al Gobierno en una reunión sostenida durante esta mañana con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, para abordar la agenda legislativa del Ejecutivo para este año.
El presidente de la CPC, Alfonso Swett, argumentó que los costos traspasados al sector bancario finalmente terminarían siendo asumidos por los usuarios, con eventuales alzas de interés.
“Estamos viendo ese proyecto con mucha preocupación, sobre todo porque en definitiva lo que estamos viendo es que los costos financieros de pagar deuda a la familia se están incrementando” sostuvo. “Y digámoslo claramente, cuando usted le pasa costos a un sector como la banca, finalmente se termina traduciendo en mayores intereses y en mayores cargas de servicio de deuda a las personas”.
Tras los fallos recientes de la Corte Suprema, el ministro de Economía, José Ramón Valente, defendió la iniciativa asegurando que la resolución de esta semana “viene a darnos la razón en el sentido de que este es un proyecto importante, en beneficio de equilibrar la relación de consumidores y proveedores, y que merece ser despachado lo más rápido posible del Congreso”.
El ministro pronunció dichas palabras durante un seminario de microeconomía organizado por el Gobierno, en que participó también el presidente Sebastián Piñera, ocasión que aprovechó de defender su gestión en esta materia asegurando que durante la administración anterior “se adormeciron las ganas, los ánimos
