Conflicto causó en el Congreso Nacional cuando se hicieron conocidas las modificaciones que la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados había introducido en el proyecto de ley que responsabiliza a la banca ante fraudes en tarjetas, evaluándose la formación de una Comisión Mixta con miembros de ambas cámaras.

Los cambios fueron aprobados de forma unánime por la comisión en enero pasado, y su votación debía efectuarse este martes, pero -según reportó La Tercera– debió ser postergada hasta la próxima semana.

El senador Manuel José Ossandón, autor de la iniciativa que busca acabar con los seguros contra fraudes, acusó un “tremendo lobby del ministerio de Economía”, el cual habría logrado que los diputados transformen su proyecto en uno “orientado a perjudicar a los clientes, cobrándoles por las fallas de los bancos, es un error de proporciones”.

Adelantó, por lo tanto, que el proyecto “va a volver al Senado, lo vamos a rechazar, y vamos a volver al espíritu del proyecto inicial”.

Plazos y seguros

Específicamente, la Comisión de Economía mantuvo la propuesta del proyecto en cuanto a extender la cobertura de la ley hacia los fraudes efectuados por tarjetas de prepago y por internet, y la adición de un plazo de 30 días para que los clientes notifiquen el incidente.

Sin embargo, la modificó en tres aspectos.

Actualmente, la ley estipula la necesidad de contratar un seguro para recuperar los fondos robados, lo que el proyecto inicial de Ossandón descartaba, y que la Comisión mantuvo pero dándole la posibilidad a los bancos de cobrar un deducible de hasta 0,5 UF (cerca de $13.700) a las víctimas.

Además, los diputados ampliaron el plazo que el proyecto inicial daba a los bancos para devolver a los clientes los montos defraudados desde los 3 a los 7 días hábiles. Actualmente, no hay plazo definido por ley.

Esta devolución hasta ahora debe hacerse previa contratación de un seguro o tras ir el cliente a tribunales, lo que el proyecto que salió del Senado invierte, haciendo que sean los bancos los que deban acudir a Tribunales si estima que no hubo fraude.

Este punto es de los más polémicos, puesto que la Comisión lo modificó para que la devolución del dinero sea provisoria y que incluso el banco pueda quitar unilateralmente el dinero devuelto al cliente si considera que no hubo fraude, sin necesidad de involucrar a la Justicia.

La indicación sustitutiva, indica el documento citado por LT, “fue trabajada y consensuada entre el Ejecutivo y los diputados miembros de la Comisión y sus asesores”. Según el medio, los parlamentarios que dieron su voto a favor fueron Boris Barrera (PC), Alexis Sepúlveda (PR), Jaime Naranjo (PS), Alejandro Bernales (FA), Gabriel Silber (DC), Renato Garín (independiente), Pedro Velásquez (independiente), Sofía Cid (RN), Harry Jürgensen (RN), Miguel Mellado (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI).