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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a tramitación un recurso de protección presentado en contra de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), luego que autorizó el ascenso a Primera B del club Lautaro de Buin, que se coronó campeón de la Segunda División en 2020.
La determinación del tribunal de alzada capitalino ocurrió luego que el abogado José Alfredo León Bonvallet junto a Rodrigo Robles Erices, ingresaran la acción el pasado 13 de marzo. En ella acusan que el órgano deportivo presidido por Pablo Milad -el pasado 25 de febrero- obvió de manera ilegal el requisito de estar inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero (CFM), hecho que a juicio de los recurrentes le impedía a Lautaro de Buin ascender.
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Básicamente, alegan que el hecho de no haber realizado el fiscalizador, como también carecer de la autorización Organización Deportiva Profesional (ODP) del ministerio del ramo estarían impedidos de ascender al fútbol profesional.
“(…) al revisar el listado de organizaciones deportivas que figura en la página web de la CMF, actualizado a la fecha , se puede constatar que (…) no figura bajo nombre o denominación alguna (…), ya sea con inscripción vigente o no vigente (…) de este modo, queda en evidencia que el club Lautaro de Buin (…) no cumplió oportunamente con su obligación (…)”, se lee en el libelo.
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Aún cuando Lautaro de Buin coronó su trabajo en 2020, el triunfo no ha estado exento de polémica. A principios del corriente Unión San Felipe demandó al recién ascendido ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP. En la presentación USF acusó que antes de ganar el campeonato el “toqui” operaba sin licencia y que solo el 1 de marzo logró la certificación del ministerio dirigido por Cecilia Pérez.
El hecho de que LDB pudiera quedar fuera de la competencia por un tema formal y no deportivo, generó la molestia del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), entidad que amenazó incluso con un paro de actividades.
En la misma línea y desde el gobierno, la ministra del ramo, Cecilia Pérez, sacó la voz. La secretaria de Estado criticó que el “toqui” pudiera quedar fuera de la Primera B, e indicó que más allá de los temas formales y comerciales lo relevante era la “justicia deportiva”.
León Bonvallet y Robles Erices, solicitaron a la corte santiaguina que decretara una Orden de No Innovar (ONI), petición que buscaba paralizar la resolución de la ANFP, pero fue desechada por los ministros de la Primera Sala Jorge Zapeda, Mireya López y Enrique Durán.
En paralelo a este recurso de protección existe una segunda acción legal interpuesta en el tribunal de alzada penquista, donde se usaron argumentos similares, presentados por un accionista de Fernández Vial.
En la ANFP, en tanto, el ascenso y participación de Lautaro de Buin en la Primera B, se resolverá en el consejo de presidentes el próximo 24 de marzo.
