En noviembre pasado, el Ministerio Público solicitó a Entel, Movistar y WOM que entregaran información sobre los datos de las antenas telefónicas instaladas entre las comunas de Maipú y Pudahuel en el marco del Estallido Social.
Según indicó La Tercera, de estas tres compañías sólo WOM accedió a entregar información sobre sus usuarios que utilizaron las antenas repetidoras y celdas ubicadas en cinco estaciones del Metro: Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol, Las Parcelas y Laguna Sur.
Debido a esto, el fiscal Occidente Luis Pablo Cortés pidió una orden judicial para así seguir adelante con la investigación, y así identificar a las personas que estuvieron al momento de registrarse los ataques.
“Se solicitó que hecho lo anterior (información sobre las antenas en esas estaciones de Metro) se procediera a informar la totalidad de números de telefonía móvil que se habían conectado a dichas antenas en el periodo que media entre las 18 horas del 18 de octubre y las 0 horas del día 28 de octubre de 2019”, indicó el fiscal.
Posteriormente, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud presentada por la Fiscalía, ordenando a Entel y Movistar hacer entrega de la información solicitada, la cual se encuentra siendo analizada por la PDI.
Al respecto, Pablo Viollier, abogado y miembro de Derechos Digitales, señaló a BioBioChile que lo más complejo en este caso es que la interpretación que hace el 9º Juzgado de Garantía es errada.
“Este tipo de solicitudes de información de carácter intrusivo, no solamente requieren que se cuente con una orden judicial, sino que esas solicitudes de información deben ser de carácter nominadas y determinadas, es decir, respecto de personas individuales”, sostuvo.
“Por lo tanto no corresponde que se establezca una orden general y de solicitar la información respecto de todas las personas que se encuentren en un área, porque no cumple con la especificidad que requiere una medida intrusiva de estas características”, agregó.
En cuanto a las compañías de telefonía, Viollier indicó que lo que correspondía en este caso era esperar a que Fiscalía contara con una orden judicial, “que es un requisito básico, porque no corresponde que ninguna empresa entregue este tipo de información sin una orden judicial de carácter previo, por lo tanto la orden se tiene que presentar antes de la entrega de la información y no después”.
“Y al mismo tiempo, correspondía que las empresas objetaran esta orden judicial justamente por el carácter amplio e indeterminado de la solicitud de información”, cerró.
Cabe señalar que a través de un comunicado, WOM -apuntada de entregar en primera instancia información de sus usuarios- se defendió argumentando que no reveló datos específicos de sus clientes.
“El día 4 de noviembre de 2019, el Ministerio Público solicitó mediante la respectiva orden, a las distintas operadoras de telecomunicaciones, información del tráfico sobre ciertas antenas en un determinado periodo de tiempo”, indicó la compañía.
“Contrario a lo que se ha manifestado en algunas publicaciones, WOM requirió mayor precisión de la solicitud enviada por el organismo y una vez recibida la aclaración se procedió a dar cumplimiento de la orden judicial remitida por el Ministerio Público. Esta información sólo se refiere a los tráficos sobre nuestras antenas, lo que no implica datos específicos de los clientes”, puntualizaron.
Desde la empresa aseveraron que en sus casi cinco años en Chile, han buscado “actuar conforme a la ley, estando siempre comprometidos con nuestros clientes y en la lucha por la defensa de sus derechos, empujando mejoras en torno a la protección y privacidad de los datos de las personas; es ese el foco que continuaremos teniendo”.
