Se trata de un engaño a la fe pública que se ha estado cometiendo por muchos años con las llamadas “parcelas de agrado”, acogidas al DL N° 3.516 del año 1980, y conocedores de este ingenioso negocio, con fecha 28 de​ septiembre de 2021 un grupo de senadores, liderados por Alfonso de Urresti y Carlos Montes, ingresaron a tramitación un proyecto de ley que busca eliminar de una vez por todas el ilegal y lucrativo negocio inmobiliario que hay detrás de estas “parcelas”.

Aunque la normativa vigente nunca ha permitido que los terrenos rurales o agrícolas, subdivididos en predios rústicos de 0,5 hectárea, conforme al D.L. Nº 3.516 de 1980, se destinen a uso habitacional, gracias a la astucia de algunos privados y la desidia de las autoridades de todos los colores políticos, durante décadas se ha admitido la obtención de plusvalías con estas subdivisiones, por parte de los dueños de extensos predios localizados fuera del límite urbano, por lo tanto, vulnerándose el marco regulatorio sectorial.

El texto vigente del D.L. Nº 3.516 se muestra en este enlace e instamos a leer sus artículos 2º y 3º para dejar en evidencia el fraude de las parcelas de agrado.

Tan grosero es el asunto que, hasta Lagos, Bachelet y Piñera, posiblemente sin percatarse de la ilegalidad, poseen viviendas en terrenos rurales construidas con ese ardid inmobiliario, que está naturalizado de tanto que se ha aplicado. Probablemente muchos diputados y senadores también deben gozar de sus segundas viviendas ilegales en áreas rurales que tienen privilegiadas vistas a prístinos lagos o hermosas playas.

Además de los negativos efectos en el medio ambiente generado por el uso habitacional de los terrenos rurales, los propietarios de esas viviendas eluden el pago de contribuciones de bienes raíces puesto que el Servicio de Impuestos Internos (SII) muy pocas veces se entera del cambio de destino (encubierto) del predio, y tampoco de las construcciones levantadas en ellos. Con las imágenes aéreas, ahora disponibles, entendemos que ese servicio público está cumpliendo de manera adecuada su función con el objetivo de exigir retroactivamente, hasta 3 años, el pago de los impuestos adeudados a cientos de miles de propietarios de esas parcelas en todo el país.

En enero de 2021 la División de Desarrollo Urbano (DDU) del Minvu emitió una serie de instrucciones referidas a las subdivisiones y construcciones en el área rural, así como también, en relación con la división de predios rústicos que regula el D.L. N° 3.516. Esas instrucciones están contenidas en la circular DDU 455.

Luego de analizar esa circular y ante las ilegalidades y excesos que contiene, la fundación Defendamos la Ciudad recurrió a la Contraloría General de la República con una fundada denuncia que todavía está en estudio en ese órgano superior de control, la que pidió informes a las autoridades competentes que deben estar intentando explicar lo inexplicable.

Dicha denuncia, que se anexa en esta columna de opinión, contiene un pormenorizado análisis de la normativa aplicable a las subdivisiones y construcciones en el área rural y por ello instamos a los senadores autores del proyecto de ley mencionado al inicio de esta columna que analicen junto a sus asesores esa presentación en poder del órgano fiscalizador.

También instamos a los alcaldes y gobernadores regionales a que tomen cartas en este asunto puesto que en sus territorios posiblemente también enfrentan a los pillines que lucran con los predios rurales, prometiendo a sus compradores una porción del jardín del edén. Lo que allí construyan esos incautos es ilegal y no puede ser regularizado. La ciudadanía puede denunciar en la Contraloría (incluso con reserva de identidad) a las autoridades que no cumplan sus funciones. Esos conjuntos habitacionales solamente generan perjuicios y en muchos casos exigen a las autoridades que resuelvan las carencias que tienen al ser irregulares.

Como es de público conocimiento, la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, ya ha dado un buen ejemplo en esta materia, al detener 6 proyectos de parcelación en la costa Valdiviana y por ello nuestro reconocimiento a su persona.

Finalmente, en conocimiento de que hay varios senadores y diputados relacionados con la industria de la construcción, será interesante saber cómo ellos votarán en este proyecto de ley que, como está demostrado, busca terminar con los ardides que se cometen con ese D.L. Nº 3.516 del año 1980, para obtener ingentes plusvalías con los territorios rurales.