Desde octubre de 2019, veintiún meses atrás, este columnista y otras personas naturales preocupadas por el medio ambiente y, digámoslo con claridad, hemos exigido a todas las autoridades competentes en la materia que se desempeñan en la Administración del Estado, el respeto de la legislación vigente fijada en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y en el instrumento normativo intercomunal denominado Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), pues teníamos conocimiento que cuatro inversionistas, ligados al poder político, estaban interviniendo amplios territorios en las comunas de Lo Barnechea y Colina, definidos como áreas de preservación ecológica en el artículo 8.3.1.1 de ese PRMS, que las ubica en las zonas rurales excluidas al desarrollo urbano, las que, por lo demás, cuentan con protección oficial del Estado.

Las denuncias se han formulado ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE), Contraloría General de la República, secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo>, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (Conaf), Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y otras tantas agencias públicas. Algunos hemos publicado unas cuantas columnas de opinión en medios de prensa que combaten la corrupción. Como un hecho gracioso, entre el Seremi de Vivienda y Urbanismo y el SEA de esta región, han intercambiado “sesudos” oficios, en los cuales ambas instancias concluyen en las áreas de preservación ecológica son solo áreas de transición (sic).

Sobre este asunto, recientemente SMA formuló cargos al Club de Golf Santa Martina, la que le vendió a uno de esos cuatro inversionistas, aquel que ejecuta el proyecto inmobiliario Chaguay en Lo Barnechea, un territorio de 563 hectáreas definido como área verde de reserva natural a perpetuidad en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que obtuvo ese Club de Golf el 31 de octubre de 2001 para ejecutar su lujoso espacio privado de recreación y deportes.

Pues bien, el 6 de junio de 2021 los canales hermanastros CNN-Chilevisión dieron cuenta de la mencionada formulación de cargos, entrevistando a Cristóbal de la Maza, titular de la SMA, al abogado Francisco Rivas del Club de Golf Santa Martina, al arquitecto Juan Sabbagh del proyecto inmobiliario Chaguay, quien es parte del directorio nacional del Colegio de Arquitectos de Chile y ex presidente del mismo, al alcalde de Lo Barnechea Cristóbal Lira, al ingeniero ambientalista Sergio Domeyko y a la abogada Natalia Alfieri, contratada por esa municipalidad para que defendiera el territorio protegido en dicha comuna.

En nuestra opinión sostenemos que la SMA se equivocó al formular cargos al exclusivo club de golf, ya que esa institución privada no es la que se encuentra ejecutando la parcelación de agrado Chaguay. Esas obras las está realizando la empresa Desarrollos La Dehesa SpA, empresa que cuentan con la valiosa asistencia de los sabihondos lobbystas Pablo Longueira y Francisco Baranda, ex funcionario del Minvu, ambos bajo la tutela profesional del ya famoso abogado Gonzalo Cubillos.

Llama la atención por otro lado que hasta ahora la SMA no haya formulado cargos a los restantes tres inversionistas que están destruyendo la misma área de preservación ecológica en la comuna de Colina. Sobre este doble estándar debemos tener presente que el alcalde Cristóbal Lira de Lo Barnechea paralizó las faenas de Chaguay, lo que no ha hecho el alcalde Mario Olavarría de Colina. Frente a esa paralización de obras, el abogado Cubillos está intentando revertir el asunto pidiendo ayuda al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Manuel José Errázuriz, quien siguiendo la tradicional línea de sus predecesores, como el arquitecto Aldo Ramaciotti, habitualmente dan la razón a los argumentos de los abogados de las inmobiliarias.

En este asunto es muy importante el ex Seremi Ramaciotti pues a él recurrieron los desarrolladores de Chaguay, en el segundo gobierno de Bachelet, para autorizar la subdivisión ilegal del predio de esa parcelación de agrado y el arquitecto Juan Sabbagh en la entrevista con CNN-Chilevisión muy suelto de cuerpo señaló que esa autorización de Ramaciotti es la que validó el desarrollo del proyecto y que, además, cualquier impacto ambiental de las obras ejecutadas ya estaba hecho y no tenía sentido hacer ahora estudios ambientales. Muchos arquitectos son muy buenos artistas, pero poco saben o tal vez no les importa respetar la normativa vigente. Un ejemplo adicional de esa actitud es la defensa de un connotado arquitecto, premio nacional de esa disciplina, de su obra denominada “Edificio Corporativo de la CChC”, hermoso edificio que se acogió a los beneficios normativos de un conjunto armónico sin serlo; asunto que está revisando la única institución pública autónoma capaz de hacer bien su pega, la Contraloría General de la República.

En todo caso, volviendo al tema ambiental, con motivo de la columna publicada el 9 de julio de 2020, el abogado Gene Fernández interpuso una denuncia en la fiscalía nacional del Ministerio Público y su titular, Jorge Abbott, prestamente trasladó los antecedentes a la fiscalía regional correspondiente, cuyo rol desconocemos y por ello estamos incapacitados para dar cuenta del avance investigativo.

Es indispensable señalar que estos loteos brujos en las áreas de preservación ecológica para personas vip se conocieron gracias a las diligencias in situ acometidas por el ingeniero y ambientalista Gonzalo Prieto, a quien la ciudadanía responsable y respetuosa del medio ambiente le debe agradecer sus indagaciones y tenacidad.

Las instituciones públicas deben saber que la LGUC, estatuto de superior jerarquía, establece que fuera de los límites urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario del mismo y sus trabajadores, o para la construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de 1.000 unidades de fomento, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado, y que el artículo 34 de esa ley otorga al PRMS la potestad para definir los usos de suelo en el área rural.

Entonces la pregunta que surge es ¿estaremos ante un nuevo abuso tolerado por la institucionalidad para permitir las plusvalías patrimoniales que buscan estos cuatro habilidosos inversionistas? La respuesta la tienen, Felipe Ward, ministro de Vivienda y Urbanismo, Carolina Schmidt, ministra de Medio Ambiente y Juan Antonio Peribonio, presidente del CDE, servicio público que en el pasado ya ha recurrido a la Justicia por casos idénticos con favorables resultados obtenidos en la Corte Suprema.

Claudio Orrego, flamante gobernador electo, en su campaña electoral dijo “queremos que la Región Metropolitana sea más verde y sustentable” y como la ley Nº 21.074 de Fortalecimiento de la Regionalización le dará las herramientas para fijar políticas en el ordenamiento territorial, específicamente en la tarea de evitar las subdivisiones en terrenos rurales y la edificación de viviendas al margen de lo ordenado en el PRMS y en el artículo 55° de la LGUC, esperaríamos de él que ordene la casa respecto del proyecto inmobiliario Chaguay y los otros que están destruyendo las mencionadas áreas de preservación ecológica tanto en Lo Barnechea como en Colina. Pero le advertimos que pronto será visitado por los lobbistas de las inmobiliarias para hacerle creer que todo está en orden.

Desde ya le decimos al nuevo gobernador Orrego que nuestra fundación y muchos otros ciudadanos estaremos vigilantes y no aceptaremos que, una vez más, las leyes se vulneren para favorecer intereses de ingeniosos particulares expertos en obtener plusvalías.