El neoliberalismo es la vertiente más brutal y desigual del capitalismo, pues se nutre del libertinaje en la economía reduciendo al mínimo la intervención del Estado en sus políticas públicas, promoviendo al máximo la privatización y total desregulación de los mercados, con el falaz argumento de que todas las actividades productivas sectoriales se autorregulan. Sus promotores son aquellos que disfrutan de la riqueza, muchas veces mal habida, por componendas con las agencias del Estado.

Carece de sentido decir que es la corrupción pues todos sabemos en qué consiste, pero sí está claro que existe en todos los sistemas políticos del mundo, con mayor o menor nivel, según el grado de democracia y educación existente en los diversos países, pues el ejercicio del poder induce a los excesos y comportamientos arbitrarios.

En Chile existe el neoliberalismo que ha beneficiado a aquellos que saben acomodarse y, además, aunque los interesados lo nieguen invisibilizándola, hay mucha corrupción, motivo por el cual a continuación damos a conocer ciertas situaciones puntuales impúdicas que obviamente no se publican en la prensa que leen los privilegiados del sistema imperante.

Como un hecho gracioso, teniéndose en cuenta que el 5 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, la ministra respectiva anunció que se restaurarán un millón de hectáreas al año 2030, sin indicar dónde, mientras tanto ciertos inversionistas ligados al poder político siguen destruyendo más de 2.000 hectáreas protegidas por el Estado con la denominación de áreas de preservación ecológica en la parte alta de la región metropolitana de Santiago. Vale la pena evidenciar que ni Oliva ni Orrego, uno de los cuales asumirá la gobernación en esta región, hasta ahora no han dicho nada al respecto.

En marzo de 2020 informamos a través de ciertos medios digitales de un “voluntario error” cometido por el exsecretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, arquitecto Aldo Ramaciotti. Se trataba del oficio Ord. Nº 5.789 de 7 de diciembre de 2016, con el cual se pretendió desafectar del riesgo de inundación recurrente un predio privado colindante con el Camino El Noviciado, en el área rural de la comuna de Pudahuel. Gracias a ese oportuno error, la empresa Hipermercados Tottus S.A. de Falabella intentó desarrollar allí un centro de distribución con 98.000 m2 construidos sobre su terreno de 34 hectáreas.

La Contraloría General de la República ha señalado hasta el cansancio que el artículo 2.1.17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), utilizado por el ex seremi Ramaciotti, no permite desafectar áreas de riesgo tipificadas como tales, sino que tan solo posibilita, previa implementación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes, para subsanar o mitigar los riesgos.

Dicho ingenioso funcionario público creía que tenía atribuciones para permitir la construcción de edificaciones no comprendidas en las actividades admitidas expresamente en el respectivo instrumento de planificación territorial. En este caso, según el artículo 8.2.1.4 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en el predio del mencionado proyecto de Falabella, solamente es posible construir equipamiento de áreas verdes, algo muy distinto a un centro de distribución.

Recientemente, la Contraloría General de la República reiteró esa interpretación normativa en su dictamen Nº E98699/2021.

Para posibilitar la construcción del proyecto en comento, el seremi aludido debería iniciar los estudios necesarios para proponer al Gobierno Regional una modificación del PRMS consistente en la reducción de esa área de riesgo de inundación recurrente y un conjunto de normas urbanísticas de manera que se permita allí actividades de impacto similar al industrial. El Gobierno Regional luego del análisis respectivo decidiría sobre si aprueba o no la modificación del PRMS. Pero como todo eso toma mucho trabajo técnico y tiempo, se optó por la recurrente pillería.

La empresa Hipermercados Tottus presentó en enero de 2020 el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su centro de distribución y recibió observaciones por parte de la municipalidad de Pudahuel, instancia administrativa que esta vez actuó correctamente, señalando que según el PRMS en ese predio no se permite la construcción de un centro de distribución. Sin embargo, la Seremi de Vivienda y Urbanismo, esta vez dirigida por el abogado Manuel José Errázuriz, no rectificó como era su deber el error cometido por su antecesor, Aldo Ramaciotti, dándonos un nuevo ejemplo de lo mal que funciona esa repartición pública, siempre del lado de las poderosas empresas privadas.

La empresa Hipermercados Tottus, suponemos que al darse cuenta de la equivocación cometida por estar mal asesorada y no ser advertida de que su iniciativa era improcedente, según el instrumento normativo PRMS y la extensa jurisprudencia administrativa vinculante de la Contraloría, optó olvidarse de los apoyos recibidos de los mencionados Seremis y se desistió de la tramitación ambiental de su centro de distribución, ello a pesar del costo de los estudios y asesorías que tuvo que financiar y el tiempo desperdiciado, dando en este caso una tardía muestra de responsabilidad social empresarial y respeto por el marco normativo de los usos de suelo, honesta práctica que otros inversionistas deberían imitar.

La empresa también ha dado un clarísimo ejemplo a la Seremi de Vivienda y Urbanismo que, con su habitual lenidad, hace tiempo dejó de resguardar el cumplimiento de la reglamentación del PRMS en amplios sectores de nuestra región metropolitana de Santiago. De hecho, en este caso esa Seremi, a través del oficio Ord. Nº 1.338/2020, había pedido a la empresa presentar estudios para levantar el riesgo de inundación señalado en el PRMS, ignorando por enésima vez los dictámenes vinculantes de la Contraloría.

Un ejemplo adicional de las malas prácticas de la Seremi quedó en evidencia con un proyecto inmobiliario ilegal de 25 edificios en la comuna de Las Condes, donde la Dirección de Obras Municipales respectiva y la ya mencionada Seremi, fueron reprendidas recientemente por la Contraloría al tratar de pasarse de listas reduciendo de 80 a 15 metros el ancho del Parque Canal El Bollo, faja de área verde que tiene declaratoria de utilidad pública según el PRMS.

Este caso ya lo habíamos dado a conocer con publicidad, pues el permiso de edificación por ser contrario a derecho, conforme a un dictamen anterior de la misma Contraloría, se lo habíamos enviado a la presidenta del Colegio de Arquitectos de Chile para que su Tribunal de Ética analizara el proceder del profesional proyectista, pero esa instancia curiosamente no ha querido investigar suponiendo porque allí reina la práctica de los socorros mutuos entre colegas. Dejamos en claro que no le damos mayor importancia al desinterés demostrado por esa orden.

Pero sobre la misma materia el “socialdemócrata” alcalde Joaquín Lavín, a pesar de todos los llamados que le hacemos para que se invalide el permiso, siempre mira para el lado y por ello nos preguntamos si Lavín, con ese comportamiento que avala trampas en el quehacer municipal, podrá ser presidente de la República. Cabe la remota posibilidad de que el presidenciable desconozca las consecuencias legales de levantar edificios sobre áreas verdes con declaratoria de utilidad pública y que, por ello, se hace el leso.

Volviendo al asunto de Pudahuel. ¿Qué habría pasado si la empresa Hipermercados Tottus hubiese continuado el proceso ambiental siguiendo las incorrectas instrucciones de la Seremi y posteriormente se hubiese visto impedida de obtener el permiso de edificación de su centro de distribución?

Pensamos que el artículo 22º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) tiene la respuesta, ya que los funcionarios públicos tienen responsabilidades penales cuando sus movidas son detectadas. Es tiempo de que los pícaros funcionarios de la Administración del Estado asuman el costo de no ejercer bien sus atribuciones.

Los lectores interesados en revisar la tramitación ambiental del proyecto de Hipermercados Tottus pueden revisar el enlace. Los que quieran leer el último dictamen por el caso Parque Canal El Bollo, que Lavín le hace el quite, lo pueden ver aquí.

En resumen, la tormenta perfecta aplicada como metáfora a lo que sucede con el neoliberalismo y la corrupción campante en nuestro querido país, es una realidad ya que con ambas lacras se juntan las peores condiciones para que estemos ante una catástrofe total que puede revertirse en la medida de que los 155 constituyentes se esfuercen para que la nueva carta magna contenga disposiciones que produzcan el cambio necesario orientado a que Chile se parezca gradualmente a países nórdicos de Europa.

Ello sería posible con cambios radicales, entre otros, con educación de calidad desde la infancia, con elaboración de leyes que sancionen con penas drásticas a quienes osen violar los marcos regulatorios y evitando que los presidentes de la República, como el actual Piñera, a través de Decretos Supremos, dejen sin efecto dictámenes de la Contraloría, ardid reiterativo que hemos denunciado en este medio. El propósito es erradicar el neoliberalismo, aunque si subsistirán prácticas corruptas, pero bastante menores a las que actualmente se conocen.

Terminamos esta columna informando que, con motivo de la elección de la ingeniera civil, Érika Martínez, como alcaldesa de San Miguel, ella ya tomó la decisión de invalidar los permisos de 23 torres habitacionales en altura, cursados a una fundación sin fines de lucro que los ofrece en el mercado, porque dichos actos vulneraron con interpretaciones mañosas, las normas del respectivo Plan Regulador Comunal.