En la edición del 9 de enero de un medio de prensa convencional se anunció un evento exclusivo para la élite llamado “Redes sociales ¿Economía y democracia en peligro?”, organizado por la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), actividad que se realizará el 13 de enero. Su propósito es alertar sobre el impacto de las redes sociales “en nuestras vidas, nuestras libertades, la democracia y la polarización de Chile y el mundo” (sic) siendo sus auspiciadores las empresas CredicorpCapital y El Mercurio.

Ese mismo día, el mencionado diario da cuenta de 4 proyectos inmobiliarios que enfrentan conflictos judiciales que superan los US$ 500 millones, manifestando que el paralizado Hotel Punta Piqueros en Concón cuyo permiso de edificación fue anulado por la Corte Suprema, tomándose en cuenta que, por contar con una reciente resolución ambiental favorable, se espera que en el año 2021 podrá operar, previa obtención de un nuevo permiso. Entendemos que los lectores creyeron que es cosa de tiempo para alojar allí en calidad de turistas.

Este hotel inició su construcción en el año 2011 con las permisivas normas del Plan Regulador Comunal (PRC) de Viña del Mar y por ello tiene 9 pisos y el PRC de Concón vigente desde el año 2017 considera para el terreno en donde se emplaza una limitada altura de 7 metros, equivalente a 2 pisos y medio. Ello significa que el próximo permiso de edificación que anuncia la “noticia” debe contemplar la altura indicada, lo que deliberadamente omitió dicho diario. En nuestra opinión las fake news o posverdades se producen por ignorancia o por deseo premeditado de engañar, tanto en las redes sociales como en los medios de expresión tradicionales en papel que se venden en el mercado.

Pues bien, en columnas anteriores ya nos hemos referido al rol que desempeñó durante el 2020 la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) en materia de inversión de proyectos productivos que, por diferentes razones, no se habían podido materializar, recordando que esta oficina de lobbystas se quedó sin presupuesto para el año en curso por una cuerda decisión del Congreso Nacional. Continuando con mis críticas al establishment, en esta ocasión aludimos a la Comisión Nacional de Productividad (CNP) creada en febrero de 2015, cuya misión es asesorar al presidente de la República en todas aquellas materias orientadas a aumentar el crecimiento económico de largo plazo y el “bienestar de los ciudadanos”, a través de la generación de ganancias en la productividad.

El Estado, con el presupuesto del ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en el año 2020 le asignó a esa CNP la importante suma de $ 1.126 millones, entregándole $ 600 millones de los anteriores, solo para gastos de sus 14 versátiles “expertos”

Recientemente, esa comisión entregó una serie de recomendaciones sobre la productividad del sector construcción, algunas de las cuales se relacionan con lo que algunos de la cota 1,000 denominan “permisología”, término despectivo que significa “trabas” que impone el Estado al indispensable emprendimiento y al libérrimo crecimiento económico.

En el ámbito inmobiliario, tal comisión consideró la opinión de especializados de las asociaciones empresariales y sus informes permitieron realizar curiosos hallazgos y proponer medidas como las siguientes:

Hallazgo 6.22:
El permiso de edificación ha perdido estabilidad, existiendo cada vez menos certeza sobre el momento y supuestos en los que dicho permiso no podrá ser dejado sin efecto, lo cual surge de dos factores principales: (i) Límites difusos al alcance de la facultad de invalidación de la autoridad administrativa Dirección de Obras Municipales (DOM) y (ii) La existencia de numerosas y no coordinadas vías de impugnación de los permisos de construcción.

Recomendación 6.7:
​Reglamentar el artículo 53°de la Ley N° 19.880 del Procedimiento Administrativo, con el objeto de regular la facultad de invalidación que tienen las DOM en relación con el permiso de edificación, al menos respecto a:

• Definición precisa de un mecanismo para calcular el plazo para ejercerla.
• Señalar límites respecto a situaciones consolidadas.
• Clarificar efectos respecto de titular de buena fe.
• Señalar con precisión reglas para la responsabilidad patrimonial del Estado, a propósito del alcance de la facultad de invalidación.

En términos simples, la Recomendación 6.7 es una forma artificiosa para avanzar en el objetivo que tienen ciertas empresas inmobiliarias y gremios afines en orden de lograr reducir al máximo la posibilidad de que los permisos de edificación sean invalidados, sin importar mayormente si son legales o ilegales, pues habrían sido obtenidos de buena fe, según esos actores. La ley N° 19.880 no contempla la supuesta buena fe y ella no existe si los permisos se obtienen con vicios que son evidentes para cualquier profesional que sabe del tema y cuya explicación muchas veces todos conocen, pero por conveniencia no quieren admitir.

Afortunadamente la intachable 3a. Sala de la Corte Suprema y la Contraloría General de la República, han señalado que los permisos ilegales no generan derechos adquiridos. Antes, con otros integrantes de la Suprema y con una Contraloría “buena persona”, la cosa era distinta, pues el permiso obtenido, ya sea legal o ilegal, era intocable y por ello ciertos ventajistas actores del mercado quisieran que esos tiempos alegres volvieran porque entonces todo era más fácil y más rentable.

La CNP, con su Recomendación 6.7, está cumpliendo a cabalidad la directriz de los grupos fácticos de poder de aumentar el crecimiento económico, aunque sea de unos pocos. Nosotros, por el contrario, sostenemos que el crecimiento debe alcanzar para todos y siempre respetándose las leyes. Para eso se necesita a nuestra mejor gente pensando en cómo lograr crecimiento físico y bienestar ciudadano, no solo con privilegios para aquellos suertudos y bien relacionados con el poder político.

Nuestro criterio nos señala que en la CNP no deberían participar solo abogados e ingenieros comerciales, como se puede ver en su sitio web, ya que, si realmente se desea aumentar el bienestar de todos los ciudadanos, profesionales de las ciencias sociales y conocedores del ámbito medio ambiental, debieran estar en esa instancia. Si se mantiene la actual sesgada estructura, continuarán los abusos y nada cambiará, con el riesgo latente de que se produzca un nuevo 18 de octubre de 2019.