Quien fuera un activo dirigente estudiantil del movimiento secundario del año 2006, César Valenzuela, a raíz de la aseveración presidencial de que “estamos en guerra”, le pidió al Jefe de Estado “que no hable más”, a su modo puso la atención en un aspecto central, el gobernante no toma una mínima distancia de los hechos y quiere controlarlo todo.

Como no hay diálogo con los actores sociales el gobernante tuvo un error garrafal en el enfoque de lo que ocurre en Chile que lo hizo actuar como si la represión fuera a resolver el descontento social.

Lo qué hay no es una conjura de grupos mafiosos, se trata de un movimiento social que no ha tenido respuesta constructiva y que, por el contrario, la represión agudizó a niveles que la autoridad gobernante simplemente no esperaba.

La primera responsabilidad del Jefe de Estado es velar por la buena marcha del país, por el bien común de la nación, lo que no se cautela atizando la confrontación y regresando al lenguaje del terrorismo de Estado de Pinochet, el que si estuvo en una guerra cruel y desigual que trajo dolor, angustia y pobreza a la población, como nunca había ocurrido en nuestra historia.

Piñera quiso separar el movimiento social de las fuerzas políticas y dentro de ellas dividir entre violentistas y quienes no lo son, todo este diseño parece copiado a la letra del manual pinochetista que, tal vez, aún está fresco en la memoria de alguno de sus asesores más cercanos, pero no es la realidad del país.

Lo que acontece en Chile es un descontento que brota de la desigualdad y los abusos, ambos fenómenos están estrechamente asociados. La brecha de la riqueza que separa al 1% que ha llegado a rebasar en propiedad y activos más de la mitad del producto anual representa ser factor de una rabia que se contiene pero que se acumula hasta reventar como finalmente sucedió.

Esa ruptura en los ingresos de la población ha generado una estructura piramidal cuyos efectos favorecen hasta el infinito a quienes están en la cúspide de la pirámide que se han acostumbrado a hacer y deshacer con el poder económico que han adquirido. Así, en Chile se instaló la cultura del abuso. La desigualdad genera abusos inadmisibles y escandalosos.

En las tarifas de luz y agua potable, y en las condiciones del transporte público la gente es atropellada. El que no paga durante décadas las contribuciones de su mansión o de las casas de asueto deberá ponerse al día, en cambio aquel que evade el Metro será denostado hasta el cansancio. Los consorcios económicos pueden coludirse y los que reciben dinero irregular para sus campañas “raspan la olla” y siguen como si no hubiera pasado nada. 

Hasta para una reserva de avión hay abusos en la información y trato a las personas, también en los pasajes de buses a regiones que se triplican o cuadruplican de un día para otro. Así pasa hasta que se pierde la cuenta de los abusos, mientras que aquel que compró un CD robado va preso sin contemplaciones, incluso uno de ellos murió dramáticamente hacinado en una cárcel de un sistema penitenciario duramente opresivo.

Se perdió la antigua sentencia que ley pareja no es dura. La cadena de abusos que se institucionalizó rompió esa máxima. Por eso, fue tan torpe la frase presidencial que estamos en “guerra”, afortunadamente, el general jefe de zona, Javier Iturriaga, al decir que el no está en guerra con “nadie”, supo evitar los funestos efectos más directos de esa declaración y evitó una confrontación aún mayor, al menos, durante el día lunes.

El tema de fondo es que hay una crisis de gobernabilidad, llegando el Presidente a tomar directamente la interlocución política y la vocería. En esta situación se requiere otro equipo político, ante la evidencia que el gabinete está agotado y sobrepasado, siendo indispensable una nueva conducción frente al país, pero con real disposición al diálogo, a escuchar a quienes no han sido escuchados, cuya exclusión va a bloquear la solución a la crisis social que se vive en Chile.

Piñera es un actor de la contingencia, no un Jefe de Estado que tiene un gabinete que actúa en su representación. No delega, no entrega facultades ni espacio e invade y anula el campo de acción de sus propios ministros. Así la crisis no se podrá resolver. Mientras no haya un jefe de gabinete, que sea interlocutor de aquellos que no han sido escuchados y que rebasan ampliamente las fronteras, hoy muy limitadas, de las fuerzas políticas.

Camilo Escalona Medina
Expresidente del Senado