El Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, acerca de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, reabre un debate de principios en el punto crucial de la evolución humana con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, si los Derechos del hombre son o no son universales, interdependientes, inviolables e indivisibles.

Del terror desencadenado por la cruenta invasión de sinnúmero de naciones, los bombardeos indiscriminados sobre la población civil y el aplastamiento brutal de la resistencia a la opresión, de batallas terribles y la destrucción de pueblos y ciudades, de los campos de concentración del régimen nazi, en particular, del horror del holocausto, es decir, de una acción terrorista de estado aprobada, financiada y ejecutada para eliminar físicamente al pueblo judío y avasallar y oprimir naciones y razas en Europa, Asia y África por el imperio alemán, el llamado III Reich, de esa época terrible surgió el impulso que llevó a la aprobación, en 1948, de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.

De sufrimientos y penurias que marcaron a generaciones surgió el clamor que obligó a Estados y gobiernos a firmar solemnemente el compromiso de respetar el valor esencial de la dignidad del ser humano y se proclamó que no había razón alguna, de raza, credo religioso, condición sexual, régimen estatal, ideología o pertenencia política, origen social o posición económica, que pudiera argüirse para que un Estado llegara a aplicar crueles tormentos, secuestrara, hiciera desaparecer o encarcelara violando los derechos fundamentales de hombres o mujeres, niños, jóvenes o adultos mayores.

El referido Informe de Naciones Unidas establece que este mandato jurídico, político y ético es severamente atropellado en Venezuela e interpela al régimen imperante a la adopción de drásticas medidas que repongan el Estado de Derecho que está siendo trágicamente violentado. Al respecto, hay diversas opiniones que definen el contenido del Informe como “lapidario”.

Se debe enfrentar esta realidad con firmeza. Que el régimen de Venezuela se defina como revolucionario no le habilita para recurrir a cualquier medio que esté a su alcance para asegurar su sobrevivencia. El daño que provoca sobre la misma “causa bolivariana” es de un alcance incalculable al dejar caer en la izquierda latinoamericana el resultado de una conducta moralmente deplorable.

Los crímenes sobre miles de opositores y el calamitoso manejo económico que hace inocultable una fuerte corrupción son una terrible realidad que invalida el reclamo de respaldo, proveniente de los grupos de apoyo a Maduro, que piden de los partidos y movimientos populares de izquierda un apoyo incondicional sin importarles lo que hayan hecho los gobernantes con el poder. 
Esa demanda es una petición ilegítima, pretende que se acepten los instrumentos de dominación más repulsivos, los que corroen la democracia que se ha logrado instalar contra feroces dictaduras y los brotes de autoritarismo de la ultraderecha, significa pedir que el tesonero bregar de décadas de la izquierda en América Latina, para consolidar una democracia que permita reformas estructurales que enfrenten la desigualdad sea lanzado, lisa y llanamente, por la borda.

Si se niega la democracia y acepta una conducta represiva inadmisible, en ese caso, las fuerzas populares de izquierda serán aisladas, sometidas a una posición marginal. Podrán tener visibilidad, pero no quedará su huella en los hechos que decidirán la orientación estratégica de los procesos políticos en sus países. De modo que no se puede defender lo indefendible.

La conducta de requerir una acción política de justificar lo injustificable por la solidaridad  antiimperialista, tradicional de la izquierda, carece de ética política. Lo que se necesita es una salida democrática, rechazando la intervención militar norteamericana, una solución pacífica que permita restablecer el Estado de Derecho y que deposite en el pueblo de Venezuela, el pleno ejercicio de su soberanía para decidir sus gobernantes.

Camilo Escalona Medina
Ex Presidente del Senado