Los credos religiosos no están ajenos a los abusos de poder y la corrupción, y como otras instituciones, han sido conmocionados por escándalos que se apartan por completo de los objetivos fundamentales de la fe que profesan sus líderes y adherentes.
Así, en el mundo católico como evangélico, las denuncias de abusos de poder, encubrimientos de delitos sexuales y enriquecimiento ilícito sacuden a las iglesias y a los grupos de ultraderecha que se tomaron el control de tales instituciones.
Estas expresiones extremistas no son exclusivamente chilenas, se han ramificado por varios países de América Latina, el caso reciente más conocido es el de Brasil, por el peso de la Iglesia Evangélica en el triunfo del ultraconservador, Jaír Bolsonaro.
La intromisión política del conservadurismo religioso se conecta directamente con su estructura vertical. Son fuerzas disciplinadas y su estricta dirección vertical evita molestas disidencias, las órdenes deben cumplirse y las diversas opiniones deben someterse.
De ese modo, el obispado chileno que se jugó contra la dictadura de manera ejemplar y que hizo de la defensa de los Derechos Humanos una cuestión esencial de su misión pastoral, tuvo que soportar en silencio el reemplazo de sus figuras fundamentales por quienes no les representaban e iban a traer un corte brutal con su tradición humanista, de opción preferencial por los pobres.
Este vaciamiento moral y conceptual explica el porqué no pocos de los que fueron separados de la Iglesia o están cuestionados por su directa responsabilidad en el estado de cosas que hizo habitual los atropellos o delitos sexuales, contra niños o personas, que no estaban en condiciones de hacer frente a sus abusadores por su status o conexiones con la jerarquía eclesiástica.
En el Vaticano, la “máquina” del Secretario de Estado, el ultraconservador Ángelo Sodano, cuyo paso por Chile corroboró su estrecha alianza con el régimen dictatorial, fue implacable desplazando a prelados de sobresaliente formación teológica e intelectual, reemplazándolos por clérigos que estaban lejísimos de esa estatura y autoridad, y que no reunían la templanza ni la legitimidad para frenar o sofocar el hábito de abusar del poder clerical que sucedía ante sus propios ojos.
En particular, el conjunto de antecedentes que han rodeado el “caso Karadima”, conocido gracias al coraje de sus denunciantes que logró vencer la poderosa red clerical de ocultamiento de los hechos, permitió descubrir una sórdida trama de encubrimiento de una realidad estremecedora, que fue mucho más lejos en su perversidad de lo que nunca pudiese ser imaginable por la ciudadanía.
Ahora, han conmovido el país reportajes de televisión sobre el ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox, en especial, la impudicia e impunidad con que actuaba, según esas denuncias, violando y abusando de jóvenes en la vía pública, aprovechando su realidad de pobreza, incluso utilizando un vehículo del arzobispado. Otra situación atroz son las denuncias de sádicos abusos y violaciones cometidas por Renato Poblete, el fallecido clérigo que fuera capellán del Hogar de Cristo.
En estas conductas increíbles de abusos incalificables, en las Iglesias Evangélicas aparece la irrefrenable codicia del dinero. En especial, el derrumbe del obispo Eduardo Durán, depositario de la investidura de “Pastor Gobernante” de la Primera Iglesia Metodista Pentecostal, indica como la total verticalidad impide el mínimo control de quien llega a ejercer la doble autoridad jerárquica, es decir, en el ámbito de la fe y en el manejo administrativo y financiero de los recursos entregados por los fieles.
En este caso, la codicia una vez más rompió el saco precipitando la caída de quienes no resistieron la tentación del dinero, que traicionaron a los fieles y a sus propias convicciones. Tales prácticas abyectas lo que hicieron fue que transformaron a hombres humildes y dignos en adoradores de monedas sucias y oradores sin dios ni ley.
Así, el país se ha informado que quien detenta esa posición en la jerarquía de esa religión puede disponer del diezmo de los fieles, cuya recaudación conlleva abultadas cifras que son apropiadas indebidamente, para ser usadas en forma discrecional, incluso haciendo entrega de elevadas sumas a los familiares, también a un hijo que es diputado de la República.
Ese enorme poder económico, social y político, fue usado para los fines extremistas de la ultraderecha, como tribuna para propagar las más odiosas intolerancias sectarias y homofóbicas, así como, para oponerse con inusitada virulencia a iniciativas legislativas como la interrupción del embarazo en tres causales.
También la jerarquía católica, con ira “non Sancta”, se opuso a decisiones propias de un Estado laico, como la ley de divorcio e incluso la educación sexual de la juventud en temas tan cruciales como la prevención del SIDA, o el uso de anticonceptivos que evitaran embarazos adolescentes. La lógica de rechazar el progreso social fue la misma.
Se desnuda así el discurso extremista de la intolerancia y el fanatismo religioso como una completa farsa, un simple instrumento para congregar multitudes sin información y usar la mística y la fe de los creyentes para conseguir dinero fácil o abusar de personas que no pueden defenderse.
Camilo Escalona Medina
Ex Presidente del Senado
Vicepresidente Partido Socialista de Chile