El 28 de julio de 2010, mediante la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el agua y el saneamiento como derechos fundamentales, reafirmando de este modo, que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la vida de las personas.
Hace un par de semanas, los habitantes de la ciudad de Osorno sufrieron la vulneración de este derecho, y lo peor, es que el desastre no fue considerado de importancia hasta que alcanzó relevancia nacional cuando la población se manifestó públicamente.
Lo más curioso de todo esto, es que este tipo de eventos no siempre son considerados como desastres por las autoridades, la comunidad y los medios de comunicación; cuando su definición indica que un desastre es un riesgo no controlado, siendo a su vez un riesgo la probabilidad de que una amenaza de origen natural o antrópico, pueda causar impacto en las personas, sus bienes o el medio ambiente.
Si bien, regionalmente se constituyó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), este trabajó sobre la base de la improvisación en cuanto a la utilización de las capacidades disponibles en la comuna para superar el desastre. Una improvisación que sirvió para solucionar el problema de la distribución del agua potable a la población, que resultó ser efectiva, pero altamente ineficiente en cuanto al gasto de recursos, volviendo así al problema de raíz en cuanto a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) que lleva Chile: la falta de planificación.
En una estructura bien planificada en materia de GRD, la Superintendencia de Servicios Sanitarios debiera exigir a las empresas distribuidoras de agua potable y saneamiento planes de continuidad operacional frente a emergencias, donde se especifiquen medidas de mitigación y acciones concretas –con sus respectivas capacidades– que se considerarán en caso de sufrir interrupción del servicio. Estos planes a su vez, deben estar integrados al Plan Comunal de Emergencia.
Si esta planificación existiese, la ocurrencia de un corte de agua potable no debería significarle al Estado un gasto de recursos destinados a otros fines. La disposición y utilización de capacidades definidas en un COE significan un gasto enorme de recursos que son cuantificados, posteriormente, por el Ministerio del Interior con la supervisión de la Contraloría General de la República, quedando en la mayoría de las veces, la empresa libre de costos.
La misma situación se repite con el derrame de petróleo que ocurrió en la Isla Guarello de la Patagonia Chilena, ocasionada por la empresa minera CAP, en zona con una gran riqueza de mamíferos marinos, como ballenas y delfines, que podrían verse seriamente afectados en su hábitat.
En esta ocasión, nuevamente el COE se constituyó coordinando las capacidades existentes en la región para contener el derrame y minimizar los impactos. Sin embargo, la improvisación nuevamente salió a flote, utilizando recursos del Estado por el error de una empresa.
El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) evalúa presentar una denuncia a la empresa CAP ante el Consejo de Defensa del Estado para la reparación de daño ambiental. Yo me pregunto, ¿el MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente les exigen a las empresas mineras Planes de Emergencia por derrame de materiales contaminantes al ambiente? Si no es así ¿Cómo se puede exigir algo que nunca se pidió? Más allá de la Evaluación de Impacto Ambiental y la Resolución de Calificación Ambiental que todos los proyectos de este tipo deben tener, se hace necesaria la exigencia de Planes de Emergencias de las empresas mineras que estén integrados a los Planes de Emergencia Comunal, con el levantamiento detallado de cada una de las capacidades que existen para contener el desastre.
Es evidente que frente a un desastre la prioridad siempre va a ser reducir al máximo los impactos causados a las personas o el medio ambiente. Lo que no debe considerarse correcto o “normal” es que la falta de planificación signifique al Estado el pago aproximado del 2% del PIB anual en situaciones de desastres causadas por la mala planificación.
Fabiola Barrenechea Riveros
Directora Escuela Ciencias de la Tierra
Directora Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres