Desde algún punto de vista, el que no creemos que sea exclusivo, la historia humana ha sido una historia de la desigualdad. El lector compartirá en que es algo bastante obvio, por las causas que estime pertinentes.

En alguna medida esto ha motivado el nacimiento y desarrollo de las religiones, de los relatos escatológicos y de las parusías, de grandes narrativas ideológicas acerca de la redención en la Tierra, o de causas para el desarrollo de algunas de las más granadas formas de arte, que al mismo tiempo han contribuido a crear y fortalecer esta idea: hay desigualdad entre las diversas sociedades y entre los miembros de cada una de ellas.

A través de los años los seres humanos, al amparo del pensamiento filosófico, religioso y jurídico, han debatido acerca de la noción de igualdad y desigualdad. Se han escrito las líneas más hermosas en su nombre, levantado los monumentos materiales más portentosos, a la vez que se han librado guerras, aplanado las calles, y alimentado los corazones de los artistas inspirados en su causa.

Recorrer este camino sería arduo y provechoso, pero en honor a la concisión cabe preguntarse qué entender por igualdad. El filósofo y académico Agustín Squella plantea que: “La igualdad es una relación de homologación entre dos o más sujetos”, destacando que ésta pertenece al mundo de las ideas, se basa en el inconformismo, y es de carácter normativista.

La crítica establecida por los ilustrados del siglo XVIII a la sociedad de feudal, en especial de parte de los recordados Voltaire y Rousseau, y su idea de la igualdad quedó tempranamente plasmada en el artículo 1° de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, así como en los primeros textos constitucionales franceses de 1791, 1793, 1795 y 1814, en la Constitución belga de 1830, y en la XIV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, por mencionar solo algunos textos legales.

Al mismo tiempo, y en materia de educación, la Constitución Francesa de 1791 consagra la organización de una instrucción pública y gratuita, creada y organizada por el Estado.

Con matices relativos a la gratuidad, pero no en relación al reconocimiento jurídico y social de la educación en cuanto derecho, Chile no es la excepción, consagrándolo a partir de la Constitución de 1818, y continuando en la de 1822, 1823, 1828, 1833, 1925 y 1980, además de aparecer especialmente mencionado en el denominado “Estatuto de Garantías” de 1971.

Concordamos con algunos tratadistas en que el derecho a la educación constituye un derecho de tipo social, el que de acuerdo al académico, filósofo y abogado Carlos Peña: “No es […] establecido, por decirlo así, sólo en interés del individuo, sino que también existe en interés de la comunidad a la que el individuo pertenece”, lo que lo diferencia de un simple bien de consumo.

Es cierto que la naturaleza de los derechos es sumamente compleja debido a que, razonablemente, debemos dudar de la posibilidad efectiva que un individuo tiene de cumplir (es decir, hacer exigible) el bien jurídico cautelado en el mismo, que en la mayoría de los casos está relacionado a la economía (la personal y la del Estado) y a la existencia de políticas ejecutivas apropiadas.

Si se considera que la experiencia educativa constituye una de interés público (referida a la comunidad/polis), que permite generar un concepto del mundo a través de las prácticas compartidas, podemos derivar y atribuir a ella una naturaleza social, cuestión que, más allá de cualquier costo (económico y psicológico), confirma el talante de este derecho (Político con mayúscula en un sentido aristotélico), en relación con la promoción del bien de los miembros de la sociedad, en orden y justicia, en conformidad con lo expuesto por el filósofo norteamericano John Rawls.

Francisco Ocaranza Bosio
Director Escuela de Historia y Geografía
Miembro del Programa de Doctorado en Educación
Universidad Bernardo O’Higgins