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Sorprende ver cómo nadie quiere asumir la responsabilidad de lo ocurrido en Quintero días atrás. 31 colegios debieron ser evacuados producto de la intoxicación masiva de sus alumnos por las emanaciones provenientes de alguna de las industrias que se encuentran en las cercanías.
Fueron 120 gases los que se detectaron en la nube tóxica que cubrió la ciudad, entre los que se encuentran Metolcloroformo, Tolueno y Nitrobenceno, siendo este último responsable de poder producir daño hepático, efectos en las hormonas y muerte celular.
Pero el problema no es de ahora, esto sólo es la consecuencia de una pésima gestión del riesgo de desastres que nuestras autoridades están empeñadas en seguir. La falta de planificación prospectiva sin considerar nuestra realidad geográfica, genera que se autorice la instalación de industrias en sectores donde la expansión territorial es inminente.
Recordado es el caso de la Escuela La Greda, la que todos los días amanecía pintada de negro producto del hollín que el viento arrastraba desde las chimeneas de Quintero; los niños se acostumbraron a lo opaco del paisaje y crecieron en un ambiente contaminado sin que a nadie le causara extrañeza, dado que el viento era el “responsable” de arrastrar la contaminación hasta allá.
Pero ¿quién autorizó la instalación de un sector industrial dentro del área de influencia de una comunidad? O ¿Quién autorizó la construcción de una escuela ubicada en la ruta del viento que viene desde el cordón industrial? Son preguntas simples, que no tienen respuestas certeras.
En Chile, el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) coordinado por Onemi, debiera poder identificar a los responsables y fiscalizar el cumplimiento de los tratados internacionales en materias de reducción de riesgo de desastres, de los cuales somos signatarios hace más de 10 años. Esto considera no sólo los riesgos de origen natural, sino que también los de origen antrópico, como lo es en este caso.
Sin embargo, este SNPC no tiene una estructura organizada, ni un reglamento que lo defina, por lo tanto se transforma en una nebulosa de buenas intenciones que no se materializa en nada concreto, donde no se asignan roles ni responsabilidades. Si a esto sumamos el hecho de que tampoco están claramente identificados sus integrantes, el problema es mayor.
La urgencia de contar con una nueva “Ley Onemi” queda en evidencia una vez más. Nuestro país y su comunidad requieren que este tema se resguarde bajo el alero de una normativa que establezca responsabilidades por la mala planificación territorial realizada por años en las comunas, sobre todo en las más vulnerables.
No es posible que casos como estos queden impunes, así como el caso del desborde el Río Mapocho por las obras de desvío, que afectó a los dueños de locales comerciales o los cortes de agua potable por las “lluvias inusuales” en la cordillera que dejaron sien servicio a más de cinco millones de personas.
Las mal denominadas zonas de sacrificio para el desarrollo del país, debieran poder resguardar la seguridad de la población que allí habita. No puede denominarse una zona de sacrificio donde previamente existe población. Si bien, nadie está en contra del desarrollo, este puede y debe ser acorde al principio de sustentabilidad, donde no sólo se resguarda los intereses económicos y ambientales, sino que también los de la población que se emplaza en ese lugar.
Mientras Onemi no tenga la potestad de poder mandatar a los servicios responsables, emergencias de este tipo seguirán ocurriendo a lo largo de la historia, generando los mayores impactos a los más vulnerables.
Fabiola Barrenechea Riveros
Directora Observatorio en Gestión de Riesgo de Desastres
Universidad Bernardo O’Higgins
