El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó la solicitud de declaratoria del centro de detención clandestino Nido 18 como Monumento Histórico. El recinto, ubicado en la comuna de La Florida, fue utilizado como recinto exclusivo para interrogatorios y torturas por parte del Comando Conjunto, en 1975. En este lugar desaparecieron 28 personas, integrantes del MIR y del Partido Comunista, según consigna el Informe Rettig.
Este recinto transitorio fue utilizado por el Comando Conjunto, agrupación de inteligencia y represión política paraestatal que operó entre 1975 y 1976, conformado por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA), la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes de grupos nacionalistas de extrema derecha (Patria y Libertad).
La solicitud fue formulada por María Inés Salgado, presidenta de la Corporación Iguales, entidad que actualmente tiene en comodato el inmueble -de propiedad fiscal-. Esta corporación se dedica a programas destinados a niños, niñas y adolescentes (NNA), que viven vulneraciones a sus derechos.
La petición recibió el apoyo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y de distintos representantes de la sociedad civil organizada.
El espacio de memoria
La vivienda, ubicada en Avenida Perú 9053, en el paradero 18 de La Florida -de ahí su nombre-, pertenecía al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y era usada como casa de seguridad para uno de sus militantes. Fue allanada en 1974 y ocupada por el Estado, especialmente por el Comando Conjunto, desde abril a noviembre de 1975. Se estima que fueron 35 hombres y mujeres que pasaron por este recinto, del que hoy solo quedan algunas fundaciones y restos de un portón.
“Este recinto es parte de la historia reciente del país y de la represión como política de Estado y guarda la memoria de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Es importante reconocer estos sitios de memoria, de modo que permitan la resignificación de estos sucesos dolorosos y la proyección desde el Estado de una cultura de paz que otorgue las garantías de no repetición”, dijo la subsecretaria del Patrimonio Cultural y presidenta del CMN, Paulina Soto Labbé.
Detención y tortura
En Nido 18, los agentes se dedicaban exclusivamente a la tortura, según relató judicialmente y ante la prensa el ex cabo de la FACH y agente CNI, Andrés Valenzuela, alias “Papudo”: “(…) El grupo operativo destinó Nido 18 como lugar de interrogatorios (…) Entre las torturas se utilizaba la aplicación de electricidad, golpes variados en distintas partes del cuerpo, colgamientos y privación de alimentos”.
El Informe Rettig consigna que los relatos de los detenidos en Nido 18 “dieron cuenta de que permanecieron siempre vendados, privados de alimentos y agua, incomunicados, impedidos de conciliar el sueño y sometidos a constantes interrogatorios; refirieron, entre otros tormentos, golpizas con puños, pies y palos; aplicación de electricidad, colgamientos, pau de arara. Obligación de permanecer en posiciones forzadas, amenazas; los obligaban a escuchar y presenciar cómo torturaban a otros detenidos; y simulacros de fusilamiento”.
Si bien la casa original ya no existe, es a través de un croquis entregado por el agente Andrés Valenzuela y relatos de sobrevivientes que se puede establecer su funcionamiento como centro de tortura: un sitio de 1.000 metros, con la entrada por el costado oriente y un portón de madera que tenía en toda la extensión una reja de fierro. Estaba tapada con coirón para impedir la vista hacia adentro. Había un taller mecánico con puertas de madera plegables de 4 hojas y dentro un pozo mecánico (hoy tapado) con una escalera para bajar a su interior. Detrás, 2 pequeñas piezas –originalmente dormitorios-, que eran utilizados para colgar a los detenidos.
Testimonio histórico
Entre los valores reconocidos por los consejeros del CMN, Nido 18 se constituye como testimonio histórico material del funcionamiento durante 1975 del Comando Conjunto, así como de la resistencia política llevada adelante contra la dictadura cívico militar. Es uno de los primeros centros clandestinos de detención y tortura conocido en noviembre de 1984, debido al testimonio de Andrés Valenzuela. En represalia por este hecho, y como amedrentamiento a la población, la dictadura ordenó la detención, tortura y ejecución de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, el 29 de marzo de 1985, conocido como el Caso Degollados.
El testimonio de “Papudo”, y su posterior colaboración con el poder judicial, ha posibilidad la identificación de los integrantes del Comando Conjunto y el juzgamiento de los agentes responsables de la ejecución y/o desaparición de 28 personas, según consigna el Informe Rettig.
“Su preservación en el tiempo es una contribución a la educación y promoción de los derechos humanos del conjunto de la sociedad, como una expresión de la obligación estatal de garantizar la verdad de los hechos, reparar simbólicamente a las víctimas, sus familiares, a la sociedad en su conjunto y generar garantías efectivas de no repetición en el ámbito de la cultura y el patrimonio”, es parte de los valores identificados para su declaratoria.
Los consejeros acordaron solicitar a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la dictación del decreto respectivo con el plano de límites asociado.