Por Carlos Aliaga

Entre las medidas anunciadas recientemente por el gobierno para responder al aumento de la violencia delictiva en la Región Metropolitana, el Ministerio de Justicia confirmó la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago, nuevos esfuerzos por reforzar el plan “Calles sin Violencia” que, a más de un año de su presentación, da cuenta de una baja de apenas un 2% en la tasa de homicidios. Datos que en un año electoral convierten el discurso sobre seguridad ciudadana en una pugna política.

Voces críticas sobre los efectos reales del despliegue de militares para cumplir funciones policiales o la declaración de un Estado de Sitio, obligan al oficialismo a enmendar una vez más el rumbo en busca de soluciones inmediatas para un problema que los expertos definen como estructural. En ese sentido, el retroceso del rol del Estado en los territorios y la estigmatización de la población migrante forman parte del análisis.

“Enemigo interno”

El sociólogo David Rodríguez, integrante del Centro de Investigación para el Desarrollo Comunitario (CIDECO) de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, advierte que es necesario un enfoque que considere las razones estructurales.

“Donde el Estado y la sociedad chilena fallan es en que trabajan un tema esencialmente social sólo desde tácticas represivas de control como aumentar la dotación policial e intervenir las poblaciones. Lo que no se reconoce públicamente son los factores sociales desde un aspecto comunitario ni los orígenes económicos y materiales”, señala el investigador del servicio comunitario cuyo trabajo de estadística social se realiza en el corazón de emblemáticas comunidades.

Rodríguez considera que al no existir un despliegue efectivo de políticas públicas que aborden la vulnerabilidad de un segmento de la población, se privilegian enfoques de contención de la amenaza interna.

“Vemos noticieros repletos de coberturas sobre el crimen que son el escenario ideal para identificar a un enemigo interno, donde la sociedad oficial se contrapone a la marginalidad. Pero no se abordan las problemáticas culturales relativas a la marginalidad. Sólo se opta por técnicas de represión que cumplen un rol paliativo o de parche”, explica David Rodríguez.

Una amenaza interna Vs. soluciones comunitarias

En tanto, la antropóloga Francisca Fernández considera que medidas como la construcción de nuevos penales no sitúan la problemática en su dimensión central. Son soluciones inmediatistas que a su juicio no producen un efecto a mediano y largo plazo, por lo que enfatiza la importancia de respuestas colectivas.

“El origen del relato sobre la violencia, la criminalidad y la seguridad que estamos viviendo, está en directa relación con la precarización de la vida”, sostiene Francisca Fernández. “Me parece muy complejo que las cárceles especializadas sean una de las medidas consideradas. Lo que estamos haciendo es reforzar la lógica del gueto, de la segregación y del no abordaje de los temas que tienen que ver con la precariedad, la pobreza, la falta de oportunidades y una subjetividad neoliberal que se va perpetuando y que finalmente genera esta lógica individualista que recae en violencia entre colectividades. Acá lo urgente es cómo reforzamos los idearios de comunidad, de proyecto conjunto desde un foco de solidaridad y reciprocidad. Ahí está el gran desafío”, advierte la también docente de esta casa de estudios.

Cooperación de todas las partes involucradas

Sobre las proyecciones más recientes propuestas para enfrentar de manera efectiva la crisis de seguridad, Álvaro Ramis, Dr. en Ética y Democracia, sostiene que se requiere unidad y sentido de Estado de todas las instituciones involucradas a fin de generar estrategias “flexibles y dinámicas”, que movilicen los recursos financieros, operativos y legales necesarios. Propone tender hacia un mejor Estado que cuente con estructuras administrativas sólidas de cara a la ciudadanía para abordar la seguridad ciudadana y el combate al crimen organizado.

“La evidencia comparada muestra que todas las alternativas posibles exigen la cooperación activa de todas las partes involucradas en la lucha contra el crimen organizado. Lo que no aporta es una discusión electoral, más que política, que no contribuye a plantear soluciones a un problema en el que no hay recetas rápidas ni fáciles. Y tampoco lo hace una agenda de medidas hollywoodenses, pensada para el espectáculo mediático, más que para la eficacia de los logros policiales”, sostiene Álvaro Ramis.

Derechos Humanos y factor migrante

En esa misma línea, el factor del respeto a las garantías constitucionales y los derechos humanos son un factor decisivo cuando se habla de una respuesta punible y draconiana ante hechos muchas veces brutales, pero complejos de abordar. Especialmente cuando el tema se cruza con el factor migrante. Como el resto de los consultados, Héctor Testa, abogado e investigador en Derecho Público, considera que el tema de la seguridad pública es un ejemplo claro de un problema multidimensional, pero se intenta abordar como un asunto solo policial o militar.

“Esto es, literalmente, poner a cuerpos armados al frente de una situación que no es una de conflicto armado”, sostiene Testa, quien también integra la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Respecto a la incidencia de la migración masiva en la crisis de seguridad, Testa llama a reconocer las raíces ideológicas y diplomáticas de este fenómeno particular.

“Si se quiere abordar la temática de la migración venezolana, un elemento que no es posible de omitir es esta forma de guerra económica. La salida abrupta de millones de venezolanos/as hacia otros países de la región está fuertemente condicionada por este contexto”, afirma Testa.

El abogado concluye que los fenómenos de exclusión y desintegración social están en la base de los problemas de seguridad pública que el país enfrenta actualmente: “En Chile buena parte de esas causas son invisibles para los grandes medios de comunicación y las principales fuerzas políticas. Cuestión que se explica por los sesgos que tienen sus respectivas líneas editoriales o posiciones en el escenario internacional. Problemas de este tipo siempre son multidimensionales y, lamentablemente, el debate público tiende a respuestas fáciles y simplificadoras, lo que conspira contra la búsqueda de medidas y políticas efectivas”.