Desde nuestra experiencia académica comprometida con la ciudadanía, es de interés trazar las continuidades que dichas iniciativas tienen con los procesos de transformación educativa, particularmente respecto a la democratización de las escuelas, y a la formación en igualdad y justicia social.
En nuestras escuelas se viven innumerables situaciones de exclusión, acoso y violencia. En los escasos espacios de deliberación existentes, la participación responde meramente al cumplimiento de normativas nacionales y no necesariamente a la representación de visiones, intereses y necesidades de sus integrantes. Abogamos entonces por la erradicación de lo que Rita Segato llama “todas las formas de crueldad” que este sistema aún mantiene y por la inclusión de las múltiples voces en los espacios de representación y toma de decisiones.
En este sentido, destacamos las iniciativas propuestas por la Red Docente Feminista, así como por el colectivo que encabeza el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Ambas comprenden la educación en un sentido amplio, como un derecho que trasciende el mero financiamiento para el acceso al servicio educativo en las escuelas. Además, consideran la participación igualitaria y vinculante de los y las integrantes de las comunidades escolares como un aspecto central del ejercicio de ese derecho, debiendo ser resguardado por parte del Estado. Esta participación se proyecta no sólo con alcances locales para las escuelas y sus territorios aledaños, sino que contempla además la incidencia en la definición de políticas educativas nacionales.
En cambio, observamos con preocupación las iniciativas presentadas por Educación Libre y Diversa y Acción Educar, que plantean una continuidad con lo estipulado por la actual Constitución, soslayando el ejercicio de la democracia y la participación. Ambas propuestas están basadas en una estructura de familia concebida de manera jerárquica, argumentando el deber exclusivo de los padres de educar a sus hijos. Esta posición suprime la condición política de los estudiantes, así como también su participación en la esfera pública.
Es necesario cuestionar la condición de minoridad que este tipo de propuestas atribuye a las y los estudiantes, al no garantizar la de participación, decisión y agencia respecto a sus propios procesos educativos. Dicha condición se extiende hacia los otros estamentos, los cuales tampoco gozan necesariamente de mayores posibilidades de influencia en el cotidiano escolar ni en la construcción de política educativa. Esto implica repensar qué es lo que entendemos por comunidades escolares para reubicarlas al centro de una nueva arquitectura educacional.
Una comunidad educativa no solo corresponde a los grupos que la norma hoy incluye –estudiantes, apoderados, profesionales, asistentes y sostenedores–, sino que debe referir a todos los agentes del territorio en los que las escuelas se emplazan. Para que esta implementación sea democrática se requieren órganos de representación y deliberación de carácter vinculante, con participación efectiva en la co-construcción, implementación y evaluación de los proyectos educativos.
Creemos que el desafío para la nueva Constitución será establecer las bases de una orgánica educacional, orientada al desarrollo de comunidades y trayectorias educativas, que otorguen mayor autonomía, participación y reconocimiento de la diversidad cultural y social presente en nuestros territorios.
Macarena Morales
Natascha Roth-Eichin
Pamela Soto García
Investigadoras
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva