El Gobierno, de la mano del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap) y de Emilio de la Cerda, Subsecretario de Patrimonio, han dado nuevamente suma urgencia a un proyecto que ha generado, desde el inicio, un fuerte rechazo desde organizaciones, comunidades y especialistas ligados a estos temas.

A lo anterior, se agrega que la nueva suma urgencia puesta por el Gobierno se hace en un contexto de cuarentena que afecta a casi catorce millones de habitantes y ad portas de un proceso electoral con el que se iniciará el proceso para tener una nueva Constitución. En este contexto, ¿no sería lógico esperar mejores condiciones para el debate y, en especial, esperar tener una nueva Constitución para hacer leyes que se ajusten a ésta?

Carta de organizaciones

Organizaciones llaman a retirar suma urgencia y frenar la tramitación del proyecto de ley de patrimonio del gobierno

Diversas organizaciones denunciamos la estrategia oportunista del Ejecutivo de insistir en llevar a delante su proyecto de ley de patrimonio cultural, en medio de una pandemia global. Este proyecto es parte de su agenda neoliberal, la que busca anticiparse al proceso constituyente, y así dejar amarres para asegurar los intereses de la elite económica. Denunciamos también, que el proyecto se ha realizado bajo montajes de participación ciudadana y sin consulta indígena, lo que hace de esta una iniciativa profundamente antidemocrática y discriminatoria.

El miércoles 24 de marzo, la ciudadanía y organizaciones sociales, de trabajadores, comunitarias, profesionales, indígenas, nos enteramos por las redes sociales de la Ministra de Cultura, Consuelo Valdés, sobre el ingreso de la Indicación Sustitutiva del Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural. La sorpresa fue mayor, al corroborar que el Ejecutivo asignó suma urgencia a la tramitación de este proyecto, lo que cierra toda posibilidad al desarrollo de una discusión democrática, en que la ciudadanía pueda incidir en su contenido. Ante este escenario permeado por el proceso constituyente y la pandemia, y frente al trabajo que organizaciones sociales han realizado por años para construir una ley con efectiva participación ciudadana y consulta indígena, declaramos lo siguiente:

• Una vez más el gobierno de Sebastián Piñera evidencia un oportunismo indolente, al ingresar esta iniciativa en el contexto de la grave situación que atraviesa el país en el ámbito sanitario y social, la que además ha golpeado fuertemente a cultores, creadores y agentes comunitarios vitales en la salvaguarda del patrimonio cultural. Su estrategia busca clausurar el debate, imponiendo su proyecto de manera autoritaria, demostrando la falta de espíritu democrático y su escasa valoración por la vida y las personas.

• El Ejecutivo, ante un inminente cambio constitucional, que siente las bases de un Chile más democrático y justo, despliega su agenda neoliberal a través de proyectos como la Ley de Integración Social Urbana, el TPP11, la Ley de Glaciares, la que crea el Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos (que busca asegurar la carretera hídrica y la propiedad del agua), la Ley de Biodiversidad, las modificaciones al Sistema de Impacto Ambiental y ahora la Ley de Patrimonio Cultural. Todos conforman un paquete de leyes de amarre que buscan beneficiar al negocio extractivista, inmobiliario y a grandes grupos económicos. Así es como el gobierno se centra en fortalecer un sistema de incentivos y compensaciones, para dejar en manos del mercado el patrimonio, las ciudades, el medio ambiente y los territorios.

• Es sumamente preocupante que el Ejecutivo, a fin de eludir su obligación de someter esta iniciativa legal a Consulta Indígena, según las obligaciones del Estado de Chile adquiridas con la firma del Convenio 169 de la OIT, anuncie demagógicamente una futura Ley de Patrimonio Cultural Indígena, a sabiendas que el actual proyecto posee afectación directa contra las Naciones Originarias. Esto es totalmente contraproducente al actual escenario histórico y político, donde se abren caminos para la construcción de diálogos plurinacionales entre los diversos pueblos que habitan este territorio. El proyecto de ley en cuestión, por el contrario, mantiene y fortalece lógicas políticas de asimilación y de exclusión.

• Es un despropósito y un gasto innecesario de recursos seguir adelante con este proyecto, bajo el marco de la Constitución de 1980. Sin duda el patrimonio cultural será una materia ampliamente discutida en el proceso constituyente, desde una perspectiva de derechos colectivos, culturales y ambientales, ya que su protección es parte de las principales demandas que han levantado las diversas comunidades y pueblos.

• Alarma también la discrecionalidad que tendrá el Ejecutivo para gestionar el presupuesto de todo el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, si es que este proyecto prospera para hacer operativa esta ley. Esto podría acentuar la grave crisis del sector, que se ha visto azotado por fuertes recortes presupuestarios y por el desprecio de las autoridades al mundo de la cultura y patrimonio.

• En la actualidad existen cientos de solicitudes pendientes para proteger el patrimonio de diversas comunidades del país, pero ninguna de ellas ha sido atendida con la urgencia mostrada ante el conocido evento del Monumento a Baquedano. Esto demostró que la institucionalidad puede funcionar de manera rápida cuando existe la voluntad. Así, crear expectativas de agilidad con el nuevo proyecto, es solo una forma de comunicación política, un “voladero de luces”. Hoy la imposición de la suma urgencia parlamentaria, solo replica el muro metálico clausurador, hermético y militarizado de Plaza Dignidad, no permitiendo que se exprese la voz de las comunidades y organizaciones patrimoniales. No hagamos de esta ley, un nuevo muro.

• Por lo anterior, pedimos a los parlamentarios y al mundo político rechazar esta iniciativa y abrir caminos democráticos para encausar la elaboración de una Nueva Ley de Patrimonio Cultural en el marco del Proceso Constituyente. Para que dicho proyecto sea reflejo de la nueva carta fundamental del país, la que por primera vez en la historia se llevará a cabo de manera democrática, paritaria y con la participación de los pueblos indígenas.

Firman:

– Frente del Patrimonio
– ANFUCULTURA, Asociación Nacional de Funcionarias/os de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.
– Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile A.G.
– ANATRAP, Asociación Nacional de trabajadores/as del Patrimonio
– Fundación Aldea
– Fundación Rectángulos de Agua
– Comunidad Colla Flora Normilla. Región de Atacama.
– Organización no Gubernamental Oro Negro de afrodescendientes chilenos. Región de Arica y Parinacota.
– Az Mogen, Wallmapu por su Patrimonio. Wallmapu.
– Cultura Mapocho. Región Metropolitana.

– Sonia Montecino Aguirre. Antropóloga, Universidad de Chile. Premio Nacional de Humanidades y Cs.
– Lake Sagaris. Planificadora Urbana-Regional, Laboratorio de Cambio Social. Región Metropolitana.
– Nelly Carrasco. Directora Ejecutiva de la Fundación Delia del Carril. Región Metropolitana.
– Sonia Neyra Rojas. Presidenta de Asociación de Barrios Patrimoniales. Región de Coquimbo
– Nuryluz Hermosilla. Arqueóloga, CAARCH y CF8M
-Luis Alegría. Investigador del Instituto de Estudios Patrimoniales. Región Metropolitana.
– Laura Garrido. Colegio de Arquitectos, Delegación Valparaíso. Región de Valparaíso.
– Rafael Chavarría Contreras. Académico Asociado. Depto. de Historia USACH. Región Metropolitana.
– Simón Sierralta Navarro. Dirección Museológica UACh. Región de los Ríos.
– Daniela Morales, abogada. Fundación Aldea. Región Metropolitana.
– Ivette Quezada, historiadora. Fundación Aldea. Región Metropolitana.

– María José Larrondo, arquitecta. Región de Valparaíso.
– Tatiana Jiménez, investigadora. Región de Valparaíso.
– José Cortes, abogado. Región Metropolitana.
– Macarena Silva, arquitecta. Región Metropolitana.
– Ximena Brain Álvarez, Licenciada trabajo social y cantora popular. Región de Valparaíso.
– Javier Cárcamo, arqueólogo. Región de Arica y Parinacota.
– Eliseo Huencho, arquitecto. Región Metropolitana.

– Christian Huaquimilla Manquel. Presidente de Cultura en Movimiento y candidato a concejal por la Serena. Región de Coquimbo.
– Francisca Fernández Droguett. Movimiento por el Agua y los Territorios-MAT y candidata a Constituyente Distrito 10. Región Metropolitana.
– Andrea Gutiérrez Vásquez. RACH y candidata constituyente distrito 10. Región Metropolitana.
– Ana María Cavalerie Salazar. Barrio Oriente Concepción y candidata a constituyente distrito 20.
– Lui Levi Aninao. Unión de comunidades y organizaciones mapuche lonko Mariluan. Candidato a Gobernador de la Araucanía.
– Elisa Loncon Antileo. Lingüista mapuche y candidata a constituyente por escaños reservados mapuche.