Abogado de los recurrentes contra el Decreto Supremo 56 conversa sobre lo que significaría que éste entre en vigencia y las ilegalidades en las que incurriría.

“¿Por qué quieren dictar la Ley de Integración Social y Urbana si ya tienen el Decreto Supremo 56? Porque el Decreto es ilegal”, afirma el abogado.

El DS 56 permite a la Seremia autorizar proyectos inmobiliarios que, con un 20% de viviendas (no de la superficie) destinadas a “inclusión social”, pueden tener una serie de “ventajas” urbanas, como es no respetar la densidad, altura de edificación, número de estacionamientos, tamaño mínimo del predio, entre otros, Lo anterior podría afectar gravemente la calidad de vida de los barrios, al perjudicar el asoleamiento, ventilacipon y privacidad de propiedades vecinas, o provocando congestión .

“Desde hace unos años se han dado grandes luchas relacionadas a la ciudad, y cono se han ganado muchas de ellas, surge esta necesidad de “sanear”, de darle “certezas” a las inmobiliarias”, concluye.

Rodrigo Valdés Alé, que asesora desde hace tres años a la organización ciudadana “Adoquines de Ñuñoa”, sostiene que “el DS 56 no hace distinción respecto al Patrimonio Cultural”, con lo que se pondría a éste en riesgo.

“Si este DS se aplica, estaríamos en el peor de los escenarios, y se pondría en riesgo nuestra Seguridad Jurídica”.