El presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, habría querido limitar las “delaciones premiadas” ante la justicia, una de las herramientas clave en la investigación sobre corrupción en la estatal Petrobras que sacude a la élite política del país.

En una conversación con el expresidente de la subsidiaria de Petrobras Transpetro, Sergio Machado, divulgada este miércoles por el periódico Folha de Sao Paulo, Calheiros defiende cambios a la legislación que permite que delincuentes confesos delaten detalles de la trama en la que participaron a cambio de una reducción de sus condenas.

“En primer lugar, un preso no puede hacer una delación premiada“, afirma el presidente del Senado, donde actualmente se tramita el proceso de impeachment que apartó provisoriamente a la presidenta Dilma Rousseff por supuesta adulteración de las cuentas públicas.

La figura de la “delación premiada” ha sido el principal recurso de los investigadores para develar un megafraude en Petrobras, que drenó en una década más de 2.000 millones de dólares.

Calheiros es uno de los varios políticos investigados por sospechas de que se beneficiaron del esquema de corrupción en Petrobras.

En la misma conversación, que según Folha fue grabada en marzo, Calheiros afirma que todos los políticos “están con miedo” de los desdoblamientos de la investigación de la corrupción en Petrobras.

Este es el segundo audio divulgado esta semana por Folha en el que políticos brasileños aparecen queriendo frenar las investigaciones.

La asesoría de prensa de Calheiros informó que los diálogos “no sugieren cualquier mención o intento de interferir en la (operación) Lava Jato”, y que todas las opiniones reflejadas en la conversación ya eran públicas, como “la posibilidad de alterar la ley de delaciones para, por ejemplo, agravar las penas de delaciones no confirmadas”.

Otra conversación grabada en secreto por Machado y divulgada por el mismo periódico, provocó esta semana la caída de un ministro clave del gobierno interino de Michel Temer, apenas 12 días después de haber tomado las riendas del país.

Romero Jucá, ahora exministro de Planificación y Presupuesto, expresó en una charla con Machado que era necesario “frenar la sangría” que estaban provocando las investigaciones de la corrupción en Petrobras, y que para ello era preciso “cambiar el gobierno”.

Esto dio aliento a los defensores de Rousseff, que consideran el impeachment un “golpe” orquestado por sus exaliados del centrista PMDB y la oposición para frenar las investigaciones.

El mayor caso de corrupción en la historia de Brasil, apodado “Petrolao”, se ha convertido en un gigantesco factor de inestabilidad de la política brasileña, con sucesivos desdoblamientos que involucran a decenas de políticos en ejercicio y han llevado tras las rejas a prominentes figuras del partido de izquierda de Rousseff y a encumbrados empresarios del país.

Machado, uno de los tantos delatores de esta trama, firmó un acuerdo de delación con las autoridades, según la prensa brasileña, y con su testimonio podría comprometer a otros miembros del partido PMDB, cuyo líder Michel Temer asumió interinamente el gobierno de Brasil luego de que Rousseff fue suspendida el 12 de mayo.

El Senado tendrá hasta 180 días para decidir si Rousseff es culpable de maquillar las cuentas públicas y votar sobre su salida definitiva, lo que dejaría a Temer en la silla presidencial hasta fines de 2018.