Se trata de uno de los más emblemáticos casos por violación de derechos humanos en la región del Biobío y donde 19 trabajadores de la papelera de Laja y de Ferrocarriles fueron ejecutados en los días posteriores al golpe militar.

En la investigación hay hasta ahora doce exuniformados miembros de Carabineros procesados por homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegal, restando sólo algunas diligencias ordenadas por la Corte de Apelaciones penquista antes de que pudiera ser cerrado el sumario.

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Así lo confirmó a Radio Bío Bío el ministro instructor de la causa, Carlos Aldana, al precisar que la responsabilidad de civiles que perseguían familiares de las víctimas no fue acreditada.

El antecedente fue recibido con pesar por Emilio Araneda, de la Agrupación de Familiares e hijo de una de las víctimas del caso Laja-San Rosendo, quien adelantó que buscarán conocer de parte del propio magistrado lo que para ellos es un revés en el sumario.

Los querellantes, entre ellos el abogado Adolfo Montiel, pidieron sin éxito al ministro Aldana el encausamiento de exejecutivos vinculados a la CMPC, resolución que fue confirmada hace unos meses por la Corte de Apelaciones de Concepción, al estimar que no existían pruebas para vincular a civiles en los asesinatos.