El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU está preocupado por denuncias de “obstáculos” que puso el gobierno mexicano a un grupo de expertos que durante un año investigó el paradero de 43 estudiantes desaparecidos, dijo el martes su portavoz.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su último informe presentado el domingo “obstrucciones” de las autoridades y supuestos casos de tortura, además de que cuestionó la actuación de fuerzas federales en Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron vistos por última vez los estudiantes.

Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, saludó la voluntad expresada por el presidente Enrique Peña Nieto de considerar las recomendaciones del GIEI.

“Sin embargo, estamos preocupados por los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”, señaló Colville en un mensaje emitido en Ginebra, de acuerdo a un comunicado difundido en México.

El vocero hizo también “un llamado al gobierno para asegurar el seguimiento efectivo del informe y para afrontar los retos estructurales más amplios que éste ha expuesto”.

La misión del GIEI concluye el 30 de abril ante la negativa del gobierno a autorizar la continuación de sus investigaciones, que hasta ahora no alcanzaron a determinar cuál fue el destino de los estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa.

Según la fiscalía, los jóvenes estudiantes fueron atacados por policías municipales de Iguala y la vecina Cocula, quienes los habrían entregado al cartel Guerreros Unidos.

Al confundirlos con integrantes de un cartel enemigo, los narcotraficantes asesinaron a los estudiantes, incinerando sus cuerpos en un basurero aledaño, para luego arrojar sus restos a un río, según la versión oficial. El GIEI dice que no hay pruebas científicas de que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero.