La Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a evaluar la legalidad del acuerdo que dejó sin sanción penal a los responsables de la fallida alerta de tsunami para el 27 de febrero de 2010.

En la Undécima Sala del tribunal de alzada capitalino comenzó la audiencia por la apelación al fallo de la jueza Carolina Gajardo, que el 7 de abril recién pasado validó el acuerdo entre del fiscal metropolitano Occidente, José Luís Pérez Calaf, y las defensas de los imputados para aplicar la suspensión condicional del procedimiento.

De esta manera se beneficiaron el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe de Alerta Temprana de este organismo, Johaziel Jamett, y los ex miembros del SHOA, los marinos Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, quedaron sin sanción penal, evitando un juicio oral.

En estrado, el fiscal Pérez Calaf comparó este acuerdo con otras alternativas como un juicio abreviado.

En la última jornada alcanzaron a alegar los abogados querellantes, la Fiscalía y las defensas de cuatro de los seis imputados.