Nueve personas resultaron apresadas en calidad de imputados, tras ser acusados de conformar una banda dedicada a realizar secuestros para extorsionar a los líderes del narcotráfico que afecta a Chile. Los sujetos pedían recompensas que fluctuaban alrededor de los $100 millones.
La policía informó que el procedimiento se enmarcó bajo los cargos de asociación ilícita para secuestro y robo con intimidación.
Según consignó El Mercurio este sábado, las acusaciones de Fiscalía y PDI afirman que el grupo organizado, que operaba desde marzo de 2015, trabajaban de manera jerárquica e intimidaban a las víctimas haciéndoles creer que eran policías que desarrollaban un operativo.
De esta manera, los sujetos subían a los secuestrados a los vehículos, los encapuchaban y los trasladaban hasta los albergues en Lampa, donde los mantenían apartados por 24 y 48 horas, sometiéndolos a maltrato físico y psicológico constante.
La Fiscalía de Centro Corte, junto a la BIPE de la Policía de Investigaciones, realizaron una investigación que se extendió por varios meses, a través de la cual se logró esclarecer que durante las horas que duraban los secuestros los imputados ejercían actos de elevada violencia contra las víctimas.
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Una vez que los secuestrados se encontraban en el algergue, los atacantes procedían a utilizar sus celulares para comunicarse con los familiares vinculados al narcotráfico en Chile.
Para cerciorarse de que el secuestro finalizará con millonarias pagos, efectuaban golpizas a las víctimas para que éstas se lamenten y quien estuviese al otro lado de la línea, pudiera oírlos.
Según relataron las víctimas una vez de vuelta con sus familias, los sujetos los agredían hasta con martillos. Incluso, en una ocasión donde la familia se negó a concretar el pago solicitado, le dispararon en la pierna al secuestrado.
El comisario y jefe de la BIPE metropolitana, Luis Tapia, explicó que varios casos de esta naturaleza, no habrían sido informados a la policía por la relación existente entre los secuestrados y sus familiares, líderes del narcotráfico.
Tapia se refirió también a las recompensan a las que finalmente los imputados accedían. Ante las cuantiosas cifras solicitadas por los secuestradores, las familias solían negociar el pago, el que finalmente se enmarcaban entre los $4 y $40 millones.
Los imputados en tanto, quedaron en calidad de detenidos mientras se desarrolle el juicio en su contra por los delitos de asociación ilícita para secuestro y robo con intimidación.