Retirada desde diciembre de la vida política, Cristina Fernández de Kirchner reaparece este miércoles rodeada de seguidores para enfrentar, como expresidenta de Argentina, la primera causa en su contra en medio de un cerco judicial que la vincula hasta en un caso de lavado de dinero.

“Claro que estoy tranquila, ¿por qué no debería estarlo?”, dijo Kirchner en el avión que el lunes la trajo a Buenos Aires, de regreso a la escena política desde la Patagonia, donde se aisló desde que el 9 de diciembre dejó el poder.

Kirchner, presidenta en dos periodos consecutivos, también fue primera dama y senadora entre 2003 y 2007.

Los 5.000 militantes eufóricos que la esperaron en el aeropuerto prometen multiplicarse este miércoles tras una vigilia nocturna cerca de los tribunales de Buenos Aires.

El juez federal Claudio Bonadio, a quien Kirchner calificó una vez de “pistolero y extorsionador” espera a las 10:00 horas del miércoles a la expresidenta, ya sin cargos ni fueros.

Kirchner está acusada en el caso de “venta de dólar futuro”, una operación cambiaria realizada por el Banco Central en septiembre pasado, en plena campaña electoral.

En un intento por desalentar una devaluación, el Banco Central fijó entonces precios de dólar no muy altos, válidos para marzo de 2016.

Pero el presidente Mauricio Macri, cuyo triunfo sorprendió al kirchnerismo, devaluó tras asumir y el Banco Central tiene que pagar ahora un 50% más caros los futuros.

Los querellantes son dos macristas, el titular del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Mario Negri.

El juez acusa a Kirchner, al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli y al exministro de Economía Axel Kicillof de presunta “defraudación contra la administración pública”.

“Es un caso de denuncia política armada donde no hay acusación”, dijo Kicillof al calificar la causa de “absurda” en un escrito presentado el martes ante Bonadio.

Macri opinó sobre las manifestaciones en favor de Kirchner que está “bien que el grupo de adherentes la reciba y que la acompañe en este tramo de su vida política y frente a la requisitoria judicial”.

Lluvia de causas

Argentina está agitada por denuncias judiciales que alcanzaron incluso a Macri por la revelación de al menos dos sociedades ‘offshore’ suyas en la investigación de los “Panama Papers” y la aceleración de acusaciones a exfuncionarios de los gobiernos peronistas de centroizquierda de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015.

Las acusaciones contra los kirchneristas van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.

La diputada del partido socialdemócrata GEN Margarita Stolbizer, una de las principales denunciantes de gestiones sospechosas durante el kirchnerismo, advirtió que existen “muchos elementos para procesar” a Kirchner “en varias causas”.

La legisladora se refirió al pedido que hizo el sábado un fiscal para investigar a Kirchner en una causa por la que fue arrestado el empresario Lázaro Baéz, acusado de desviar fondos millonarios a cuentas en Suiza durante los 12 años de gobierno kirchnerista.

Este caso bautizado por la prensa argentina como “La ruta del dinero K”, tiene que ver con la construcción de obras públicas a cargo de una constructora de Báez y el manejo de unos hoteles propiedad de los Kirchner frente a los imponentes glaciares de El Calafate.

“Todas estas causas involucran tanto a la exjefa de Estado como a Báez”, afirmó Stolbizer.

Política judicializada

Felipe Solá, diputado opositor a Kirchner y a Macri del Frente Renovador, criticó el martes lo que consideró “la judicializacion de los temas políticos”, que en su opinión distraen de temas más importantes.

Sobre la investigación que llevará a Kichner a Tribunales, Solá opinó que “no es un tema judicializable sino una causa sobreactuada por (el juez) Bonadio”.

“La decisión del Banco Central puede ser mala praxis, en el sentido que salió mal. (…) No es judicializable una política estatista o una política neoliberal. Los que juzgan son los electores cuando votan”, apuntó al calificar de “irresponsable” al juez por una jugada que podría acarrear violencia.

Juan Antonio Rodríguez, uno de los seguidores de Kirchner en el aeropuerto, dijo a la AFP que “por más que la justicia que está con Macri quiera ponerla presa, van a tener que poner preso al 49% de los argentinos”, en referencia al hecho de que Macri ganó la presidencia con 51% de los votos.

“Cristina no se toca y si la tocan que se la banquen (que se atengan a las consecuencias)”, sostuvo.

Macri afirmó el miércoles que en Argentina “se acabó la impunidad y todos somos iguales ante la ley”.