Una tarea no menor tiene el Gobierno para recuperar los inmuebles que la dictadura militar transfirió a la Fundación CEMA Chile, dirigida por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart.
En el catastro del Ministerio de Bienes Nacionales, según consigna Ciper, solo figuran 134 propiedades, lo que sería una pequeña fracción del total de inmuebles donados en procesos sin mayor respaldo documental.
La investigación del citado medio indica que por lo menos 12 ruts asociados a CEMA continúan activos, que serían el remanente de las 186 filiales creadas para resguardar el patrimonio de la fundación.
El total de las propiedades de los 12 ruts suman $4.545 millones, aunque todavía resta el análisis de las filiales restantes. Si bien éstas ya indicaron el término de giro al Servicio de Impuestos Internos, algunas continúan realizando negocios.
Es el caso de una sede en La Serena, del cual una parte era arrendada por la filial Fundación CEMA Chile IV Región Coquimbo al municipio local por $450.000 mensuales. El inmueble qestá ubicado en Los Carrera 564, y si bien el contrato de la Municipalidad es con CEMA, el propietario actual del inmueble es Inmobiliaria Santillana.
En el Bío Bío, en tanto, la Fundación CEMA Chile Concepción (otra filial) mantiene nueve propiedades, cuyo valor fiscal es de más de 1.133 millones de pesos.
Para sus operaciones, CEMA funciona con ruts distintos en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, O’Higgins, Maule, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Aysén.
Para lograr tener una certeza sobre los inmuebles y evaluar su recuperación, el Gobierno apuesta por mantener la personalidad jurídica de CEMA, ya que en caso contrario los bienes ingresarían inmediatamente al patrimonio de la familia Pinochet Hiriart.
Con este objetivo se ha analizado las memorias y balances que realizó CEMA desde 1994 hasta 2014, además de requerir sin mucho éxito al abogado representante de CEMA, Víctor Manuel Avilés Hernández, especificaciones sobre la venta de bienes raíces y el destino de estos montos.
En tanto, especialistas analizan en detalle las contabilidades de la entidad, mientras el Ministerio de Bienes Nacionales estableció un plan de fiscalización y otras diligencias para actualizar la nómina de propiedades traspasadas por el Estado.