La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió una orden de no innovar presentada por la Municipalidad de Talagante y suspendió el funcionamiento del relleno sanitario Santa Marta, el cual se vio afectado por una emergencia que, según la empresa Consorcio Santa Marta, ya está terminada.
Así lo aseguró el gerente general Rodolfo Bernstein, quien declaró a los medios que el incendio que afectó al vertedero está “totalmente controlado”. Además, el ejecutivo fue categórico en asegurar que “no hay ninguna posibilidad” de que se reactive el siniestro que, el pasado martes, generó una densa capa de humo que cubrió gran parte de la Región Metropolitana.
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La información sobre el control fue desmentida por gobernador subrogante de la provincia de Talagante, Fernando Soto, quien indicó que el control del incendio que afecta al relleno llega al 95% y que sólo Bomberos puede confirmar su total extinción.
Bernstein también fue requerido sobre las fumarolas que aún salen desde los desechos (tal como se aprecia en la foto), señalando que son pequeños focos difíciles de acceder y que en un par de horas quedarán apagados.
Sobre la fisura que sufrió el pasado viernes el relleno y que fue el preludio del incendio, Bernstein indicó que en 10 días la zona se recompondrá en un 100%, ya que se trabajará en turnos de 24 horas para lograrlo.
“Nosotros no vamos a operar hasta que no estén todas las condiciones dadas y cumplir con los requerimientos que nos pidió la autoridad”, agregó.
Ante la consulta si habrán compensaciones para las personas que se declaren afectadas por este incendio, el ejecutivo indicó que ya se reunieron con habitantes de Lo Herrera y El Romeral, localidades cercanas al vertedero, y se creó una mesa de trabajo donde está la empresa, la autoridad, los alcaldes y las juntas de vecinos para analizar cada caso.
Igualmente, reconoció que “fue un error” los dichos del presidente de la empresa, Guillermo Ruiz, quien aseguró que el humo del incendio era gas y vapor de agua.
PDI allana oficinas
Por mientras, continúan las indagaciones sobre lo que ha ocurrido con este relleno sanitario y sobre si existen posibles delitos cometidos por la compañía tras el derrumbe y posterior incendio en el vertedero.
Debido a esto, un centenar de funcionarios de las brigadas de Delitos Medioambientales y del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones realizan allanamientos en oficinas del Consorcio Santa Marta, para retirar documentos, computadores y elementos de prueba para establecer cuál fue el trabajo realizado por la empresa cuando se inició la emergencia, los planes de contingencia y los monitoreos de notificación para las autoridades sanitarias respectivas.
La diligencia fue encargada por el perseguidor de la Fiscalía Occidente, Heriberto Reyes, y se realizan tanto en las instalaciones del relleno sanitario como en las oficinas comerciales de la empresa, ubicadas en San Bernardo.