La Asociación de Funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social en Los Ríos solicitó a Contraloría investigar presuntas irregularidades del titular de la cartera en la zona, quien habría recibido exceso de viáticos y por posible intervención política electoral con miras a una eventual carrera municipal en la comuna de Corral.
Se trata de diversas irregularidades que habrían ocurrido el año 2015 y que apuntan principalmente al Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social en Los Ríos, Leonel Vera, a quien acusan de realizar intervencionismo político en la comuna puerto ante una eventual carrera municipal, operación política que su círculo cercano habría denominado “Desembarco en Corral”.
A lo anterior se sumaría el otorgamiento de permisos administrativos por sobre lo que permite la ley, consignación de atrasos sin descuentos legales y el pago de viáticos al Seremi Vera por visitas a Corral que no se ajustarían a la normativa legal vigente.
Así lo explicó el Presidente de la Asociación Regional de Funcionarios de dicha repartición de Gobierno, Nelson Soto, quien dijo esperar que Contraloría inicie una auditoría interna para comprobar los hechos que calificó de graves y que a su juicio tienen argumentos suficientes, adjuntos en tres carpetas con antecedentes.
El dirigente agregó que dentro de la solicitud de investigación está el pago de arriendo de dos dependencias del programa Seguridad y Oportunidad en las comunas de La Unión y Panguipulli, que finalmente no habrían sido utilizadas.
Además se suma la mala gestión que a su juicio existe en el pago de servicio básicos, lo que provocó el corte de éstos, uso de tarjeta de crédito con cargo a la denominada “caja chica”, pérdida de vales de gas y malversación de cuentas.
Según Soto, con esto se responde a las declaraciones del Jefe de Gabinete del Seremi, José Freitxenet, quien desmintió las acusaciones y aseguraba que no existían denuncias formales.
El dirigente aclaró los dichos del Seremi Vera, quien indicó en conversación con La Radio que en su momento existió una auditoría interna que comprobó problemas de forma y no de fondo en hechos denunciados anteriormente. Soto aclaró que las presuntas irregularidades que hizo referencia la autoridad ocurrieron el 2014 y no el 2015.