Sin mayores avances en el ámbito judicial se estaría llevando a cabo la indagatoria a los pagos efectuados por dos sociedades de inversión del grupo Said a diversos personeros políticos, en el marco de la investigación por el financiamiento ilegal de la política.

Este caso en particular lo destapó Clara Bensan, recaudadora de fondos de la campaña presidencial del ex presidente Eduardo Frei, mientras declaraba por las boletas sin documentación de respaldo que emitió a SQM a través de su empresa Agesin.

En su declaración, tanto a los fiscales como al Servicio de Impuestos Internos, la contadora y militante de la Democracia Cristiana señaló haber preparado dos facturas falsas a Inversiones Caburga S.A. que controla la familia Said Somavia.

Esta última tiene participación empresas como Bupa Chile, Embotelladora Andina, el banco BBVA y Parque Arauco.

Una revisión más detallada realizada por el SII y que remitió al Ministerio Público detalla que solo fue una y no dos las boletas extendidas a Caburga, ya que la otra se emitió a Inversiones Newport, que pertenece a otra rama de la misma familia, los Said Handal.

La revisión de la rectificatoria ante el SII que realizó Inversiones Caburga ratifica lo anterior y revela que unos $20 millones fueron destinados a la campaña de Frei.

Eso sí, los montos aportados a diversos dirigentes políticos totalizaría $663 millones entre 2009 y 2014, consigna Ciper.

De antemano ya era de público conocimiento que parte de los pagos rectificados implicaba a la candidatura de Frei, y a las empresas Inversiones Santa Cecilia, Inmobiliaria El Boldo y Bancard, donde tiene participación el ex presidente Sebastián Piñera.

El dinero de los pagos corregidos suma 100 millones para Piñera.

Dentro de la misma rectificación de Inversiones Caburga figuran 15 millones pagados en 2013 a Enrique Correa, dueño de la empresa de lobby y comunicación estratégica Imaginacción. El ex vocero de Gobierno ha tenido un rol importante asesorando a empresas y personeros afectados por el tema de financiamiento irregular, como empresas Penta, Soquimich y el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.

Desde Imaginacción señalaron que los servicios por los 15 millones corregidos sí fueron entregados al Grupo Said, y que corresponde a estos explicar por qué rectificaron el monto.

En tanto, otro importante nombre que destaca en la rectificación de Caburga es el de la sociedad de Cristián Letelier, quien fue designado en enero como ministro del Tribunal Constitucional y cuestionado por solicitar financiamiento a Carlos Délano.

El pago se efectuó en 2009, año en que Letelier figuraba como carta al Senado desde la Unión Demócrata Independiente.

Otros pagos corregidos implican al senador Francisco Chahuán, Andrés Zaldívar y personas vinculadas a varios personeros políticos.