El senador de la UDI, Jaime Orpis, aseguró que a la Fiscalía Nacional no consideró ni le interesaron sus declaraciones para solicitar su desafuero. Mientras, su defensa insistirá en que el parlamentario tenga la opción de ser interrogado ante los persecutores.

Tras la solicitud de la Fiscalía Nacional de desaforar al senador de la UDI, Jaime Orpis, el parlamentario aseguró, en entrevista con El Mercurio, que a la Fiscalía “no le interesaron sus declaraciones” para requerir esta medida, que tiene como fin concretar la formalización y necesidad de cautela contra el legislador indagado por los delitos de lavado de activos, fraude al Fisco y cohecho.

El escenario judicial del investigado se ha visto complicado en los últimos días luego que este viernes el SII presentará una querella criminal en su contra, la que se sumó al libelo del Consejo de Defensa del Estado que además consideró el delito de cohecho respecto de Orpis.

El senador y su defensa cuestionaron que se pidiera el desafuero antes que que la fiscal Centro Norte, Ximena Xong, agendara el interrogatorio respecto del indagado.

Pese a este escenario, el abogado del congresista aseguró que buscarán la instancia para que su representado pueda entregar su versión en una declaración -como imputado- ante la Fiscalía.

Por su parte, el abogado, Carlos Cortés, acusó que adelantar el desafuero tendría un trasfondo comunicacional relacionado con las suspicacias y críticas que surgieron luego que los medios de prensa acusaran una intervención del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, con la clase política, para que se eligiera a su sucesor Jorge Abbott.

Para el senador de la UDI, Víctor Pérez, la solicitud de desafuero demuestra que el Ministerio Público actúa con un sesgo político.

La indagación que lleva la Fiscalía Nacional determinaría si el parlamentario actuó como representante de los intereses de la empresa Corpesca, luego de su campaña parlamentaria de 2010.

Una de las estrategias que está diseñando el equipo defensor de Orpis, cuestionaría la competencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, acusando que los casos de asesorías parlamentarias son investigados por la Fiscalía de Valparaíso.