Por Rony Núñez Mesquida
Analista y Observador Internacional
1.- La contradicción de la política bilateral Chilena
El día en que el mundo entero presenció cómo la Corte Internacional de Justicia de la Haya echaba por tierra la pretensión del Estado Chileno, de poner fin al juicio demandado por Bolivia, rechazando su excepción preliminar que objetaba la competencia del tribunal, pretendiendo evitar de este modo, se conociera el fondo de la demanda deducida del país altiplánico, situó a Chile en el peor de los escenarios posibles. Abriendo un litigio sobre un tema supuestamente zanjado hace más de 110 años. Así Evo Morales, Presidente de Bolivia, se anotó un triunfo, aunque parcial, ciertamente histórico, avanzando más que cualquier otro presidente en la historia republicana de su país.
En efecto, si bien desde el punto de vista de los intereses de Chile, la sentencia pronunciada salvaguarda la integridad territorial en virtud de lo acordado en el tratado de 1904, anterior a la competencia establecida en el Pacto de Bogotá de 1948, y sobre el cual no hay controversia alguna, al ser expresamente omitido por la estrategia jurídica boliviana, abre sin embargo, un escenario que obliga a Chile a justificarse ante la comunidad internacional consultando a la Corte: Por qué, si Chile y Bolivia al suscribir un tratado internacional, cediendo el segundo total y perpetuamente los territorios conquistados por Chile, producto de la Guerra del Pacífico se suscita, sin embargo, una serie de negociaciones que centraron la discusión bilateral en el denominado “Tema Marítimo”, con posterioridad a la suscripción de dicho tratado.
2.- Los derechos expectaticios y el bloqueo peruano
El principal error chileno al reducir la discusión del tema marítimo a una cuestión exclusivamente bilateral, soslayó un factor no considerado a mi juicio al momento de enfrentar el presente litigio en curso: Que el “derecho expectaticio” de negociar una salida al Océano Pacífico para Bolivia, depende de Perú y no de Chile. Dicha cuestión, efectivamente se pactó entre Chile y Perú en el Tratado de 1929, en el sentido que cualquier salida soberana de Bolivia debe necesariamente pasar por el consentimiento expreso del país incaico.
De esta forma, y la historia da cuenta de ello, las dos veces que más cerca se ha estado de dar solución a la demanda de Bolivia, que termine con su mediterraneidad, en los años 1950 y 1975, fue bloqueada no por Chile, quien creó las condiciones para dichos acercamientos, sino por el Estado Peruano. Para el cual, el mantener el estado actual de las fronteras con nuestro país, es y será una vital prioridad geopolítica, sin la cual hubiera impedido o dificultado en demasía el diferendo resuelto por la misma Corte, sobre el límite marítimo entre ambos países.
En tan peculiar solución, con fecha 27 de enero de 2014, la Equidad como fuente formal de derecho internacional, jugó un rol clave, más allá incluso de los tratados suscritos, donde Chile preliminarmente, al igual que en el actual litigio, planteaba que “no había cuestiones pendientes sobre el tema de límites marítimos con Perú”.
De esta forma, el dirigir los dardos contra Chile, otorga réditos inmediatos a Evo Morales, desde el punto de vista de su política interna, que contrasta con la postura cada vez más aislada de nuestro país, en el concierto latinoamericano frente a las crecientes simpatías de la postura boliviana. Dando cuenta a estas alturas de una obviedad: No basta con reducir la defensa a consideraciones únicamente jurídicas y formales, el déficit chileno evidenciado en lo que va del juicio en curso, es de orden político.
En efecto, el posicionamiento internacional y sistemático de la histórica demanda boliviana, cuestión de estado para ellos, cualquiera sea el color político que ha encabezado su gobierno, y que ha aprovechado toda instancia multilateral para hacerla presente, puede presumir un escenario impensado para buena parte de la clase política chilena. A saber, estar obligados a sentarse a negociar con Bolivia. Es decir, con la supuesta “parte vencida”.
De este modo, y desde el punto de vista de la negociación, como instrumento que anticipa tácticamente los posibles escenarios para dar solución a una controversia, es imperioso que Chile ante una posible derrota, a mi juicio cada vez más evidente, debe anticiparse e incorporar un arista política que permita balancear la correlación de fuerzas: Supeditar cualquier escenario de negociación con Bolivia a una cuestión previa de carácter irrenunciable que permita poner término al presente juicio, incluso en forma anticipada, evitando de esta manera el desprestigio de Chile ante un nuevo revés, pasando del histórico vencedor de la Guerra del Pacífico, al actor obligado a pactar por orden del máximo tribunal de Naciones Unidas, y la exigencia que dicho escenario sea factible.
Bolivia previamente debe demandar a Perú, ocupando idéntico argumento y estrategia jurídica, por haberse negado a conceder el “derecho expectaticio” que da cuenta de la demanda Boliviana contra Chile, al bloquear históricamente toda posible expectativa boliviana que ha imposibilitado cambiar el actual estatu quo.
Es justamente dicho escenario, el que desde Palacio Pizarro tanto preocupa, y que hábilmente debiera provocar Chile, desviando tácticamente el centro de la resolución del conflicto, radicado hasta este momento únicamente en su responsabilidad hacia un tercero, Perú, quien es el que realmente tiene la llave en sus manos, y que ha provocado el real perjuicio a Bolivia.
3.- La crisis política de Ollanta Humala y el fantasma del fujimorismo
El escenario político actual del Perú, donde el Presidente Humala quien logró casi el 52% de los votos, con los cuales fue electo el año 2011, en balotaje contra Keiko Fujimori, hija del ex presidente, hoy condenado por delitos de lesa humanidad, por los que cumple condena, Alberto Fujimori, tuvo como principal argumento político de campaña, el evitar que el “Fujimorismo-Montecinista” volviera a ocupar la máxima magistratura del Perú, logrando un amplio y transversal apoyo político. Dicho escenario contrasta con el escaso 14% de apoyo, según consigna el diario La República en Septiembre de este año, lo cual lo sitúa en un escenario de debilidad, que se agudizaría frente a una eventual demanda Boliviana ante la Corte Internacional de Justicia, como ya se expuso.
De esta forma, Chile astutamente pasaría con este hecho político (la demanda Boliviana al Perú), a obligar precisamente a Humala, a tomar posición respecto de cuál serían los argumentos de la defensa del Perú. En ese escenario, y con una ya desatada campaña presidencial establecida para Abril de 2016, con Keiko Fujimori liderando los sondeos de intención de voto, impactando no sólo el actual escenario político, sino agregando una variante determinante de cara a los próximos comicios, hasta ahora impensada, desnudando a Humala y al resto de los candidatos, a los que se ha sumado Alan García, obligándolos a demostrar realmente de qué están hechos.