Después de diez días de caminata, ninguno repara en la fatiga o el escaso apoyo que les achaca el gobierno. “Rafael Correa ofendió al pueblo indígena”, repiten como mantra cientos de nativos, muchos exseguidores del presidente, al ingresar a Quito la tarde del martes para sumarse a una huelga opositora.
Los quechuas y saraguros, que partieron el 2 de agosto desde el sur del país, recorrieron 800 km a pie y en auto hasta alcanzar su destino.
En la capital, esperan hacer oír como pocas veces su reclamo contra Correa, el presidente izquierdista que, según ellos, dividió al movimiento indígena con ofrecimientos a algunos de sus líderes y críticas feroces a quienes no se le plegaron.
Sin embargo, ya no son la fuerza capaz de tumbar gobiernos con sus levantamientos (protestas progresivas sin armas) ni llenan las calles como en los noventa.
Aun así, los cerca de 250 manifestantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) marcharon alegres entonando cantos y saludando a los espontáneos que los auparon en su trayecto hacia Quito, donde se sumarán a la huelga que convocaron para el jueves sindicatos y grupos de derecha.
Esta vez, aseguran, lograrán que “el prepotente Correa” rectifique.
El mandatario, que cuenta con el respaldo de un importante número de indígenas, se ha referido a sus opositores de Conaie como “aliados de la derecha” y “ponchos dorados (de élite)”.
“Voté la primera vez por Correa pensando que el discurso era auténtico. Después nos dimos cuenta que se robó el discurso del movimiento indígena para después irse en contra de él”, comentó a la AFP Luis Sarango, un indígena que marchó desde Loja (sur y fronteriza con Perú) hacia Quito.
Ahora “rechazo”, agrega, esa actitud “prepotente” de Correa.
El mandatario, quien aprendió quechua cuando convivió en su juventud con aborígenes del centro de Ecuador, se ganó adversarios indígenas con sus proyectos de explotación petrolera y minera a los que se oponen varias comunidades alegando un grave impacto ambiental.
Los indígenas representan el 7% de la población ecuatoriana, según el censo oficial.
“Protestaré hasta lo último”
A su paso por Machachi, una localidad en las afueras de Quito, los indígenas de la Conaie, que se declararon en rebeldía contra el gobierno, exponen una larga lista de reclamos que el presidente rehúsa aceptar.
Los pedidos van desde el archivo de un paquete de enmiendas constitucionales que tramita el Congreso de mayoría oficialista, una de las cuales permitiría a Correa postularse a un nuevo mandato en 2017, hasta el retiro de iniciativas o leyes que en la práctica les ha quitado poder a los indígenas en la administración del agua, la tierra y la educación en sus territorios.
Manuel Carduchi cree que Correa ya no merece el respaldo que le dio en las urnas. Correa “recogía las aspiraciones por las que como movimiento indígena habíamos luchado”, señala. Sin embargo, agrega, levantó el resentimiento de muchos nativos con “tanto insulto”.
Marcela Choloquinga, una indígena quechua de la provincia de Cotopaxi, también se siente defraudada. “Tenía la impresión de que este gobierno (…) iba a comprender a la voz de la ciudadanía (…) pero ha sido una equivocación”.
La Conaie quiere aprovechar la mala hora del presidente para resurgir como fuerza de oposición.
Acosado desde hace dos meses por protestas que exigen su salida del poder y la caída de los precios del petróleo, que golpea las expectativas económicas, el mandatario admitió en pasados días que enfrenta una “difícil crisis política” que menguó su popularidad.
En su campaña los indígenas no están solos. Sindicatos, grupos estudiantiles y políticos de derecha se organizaron para la que esperan sea la primera gran huelga contra Correa en ocho años de gobierno. El oficialismo, por su parte, cree que este nuevo intento de la oposición por reorganizarse será un fracaso.
Marcela Chalán lleva marchando diez días. Con dolor en los pies, esta joven indígena de 20 años cree que la gente saldrá en masa a apoyarlos en Quito, la ciudad que hoy concentra el mayor descontento contra Correa a raíz de sus planes para redistribuir la riqueza mediante la elevación de impuestos a las herencias y la plusvalía.
“Llegaré a Quito y estaré en la protesta hasta el último” momento, proclama Rosa Lachimba, una indígena de 44 años que asegura haber dejado su hijo de 12 años al cuidado de su hermana para sumarse a la movilización.