Es una de las temáticas que está en discusión a nivel político: esperar los 50 años para conocer el contenido del Informe Valech o conocerlo ahora. Es esa la gran duda al interior de la coalición oficialista y el gobierno no ha quedado al margen.

Consultado al respecto, el vocero Marcelo Díaz aseguró que existen las voluntades políticas pero que La Moneda, dentro de su calendario, ha fijado que sea la futura Subsecretaría de Derechos Humanos, a constituirse en noviembre, la que inicie las gestiones si es que el escrito se da a conocer públicamente.

El ministro explicó los detalles y las razones del análisis, afirmando que “lo que nos interesa a todos, sin excepción, incluido el Ejército y el resto de las Fuerzas Armadas, (es que) le pidamos a quienes se creen rehenes de un pacto de silencio, que se liberen de ese pacto, que entreguen la información, porque la democracia chilena se tiene que fundar en la plena verdad y la justicia”.

En esa línea, se cursará que la Subsecretaría de Derechos Humanos tome contacto con cada una de las personas que entregó su testimonio, principalmente con quienes fueron víctimas de vejámenes durante la dictadura de Augusto Pinochet. Serán ellos, explicó Díaz, los que finalmente tendrán que decidir si esto se abre o si se espera el plazo de 50 años fijado en un inicio.

Desde el congreso, el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez (PPD), indicó en torno a este tema que existe voluntad política para sacar adelante un proyecto de consenso que faculte abrir el informe.

Por su parte, el presidente del Senado, Patricio Walker, confirmó que citó a una reunión para este próximo lunes en la que se espera representación de todo el espectro político parlamentario. En ella se encontrará presente Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del denominado Caso Quemados, pues con su ayuda se buscará establecer una nueva agenda pro Derechos Humanos.

En la cita se analizará, entre otros aspectos, la degradación de la oficialidad que participó en violaciones a los Derechos Humanos que ha sido condenada por los tribunales pero que todavía recibe tratamiento de retiro.

La medida persigue que, a través de un proyecto de ley que va a ser analizado, por ejemplo, pudieran los individuos ser considerados como ex generales y no así uniformados bajo el rótulo del retiro.