Medicamentos más caros, patentes más prolongadas, inversores extranjeros con poder sobre los gobiernos: son algunas de las consecuencias que -según sus críticos- podría tener el acuerdo Trans-Pacífico cuya negociación entra en su recta final esta semana en Hawai.

Un puñado de borradores del “Trans-Pacific Partnership” o TPP, filtrado por Wikileaks, ha llamado la atención sobre el fuerte énfasis del tratado en expandir la protección de los derechos y activos de las corporaciones como la propiedad intelectual -patentes, derechos de autor y bases de datos- que son mucho más valiosas para las corporaciones económicas modernas que el comercio tradicional de carga.

Para los críticos del proyecto, las propuestas muestran más una inclinación a la protección que al libre comercio, o un acuerdo más centrado en los beneficios de las corporaciones que en impulsar las economías y el desarrollo.

Pero sus defensores sostienen que la economía global moderna requiere un nuevo marco de reglas para proteger a las industrias del siglo XXI dependientes de la propiedad intelectual y que no están cubiertas por los pactos de libre comercio tradicionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los 12 países involucrados -Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam- han acordado deliberar en el mayor secreto, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que pueda ser aceptado o rechazado en su conjunto.

Los documentos filtrados también muestran grandes diferencias en muchos temas todavía en negociación. Pero lo que se ha filtrado preocupa a algunos políticos, académicos y miembros de la sociedad civil.

Medicamentos más caros

Muchas organizaciones de salud pública sostienen que las protecciones a la propiedad intelectual propuestas incrementarían los costos de los medicamentos y los cuidados de la salud.

Los borradores muestran una propuesta para que los nuevos medicamentos biológicos tengan una protección de 12 años, cuando incluso la administración del presidente Barack Obama quiere que el estándar en Estados Unidos se reduzca a siete años, para fomentar una mayor competencia y lograr precios más bajos.

También muestran un esfuerzo por complicarle a los países más pobres la producción de versiones genéricas de otros medicamentos, extender la protección de patentes a nuevas versiones de drogas ya existentes y para obligar a los gobiernos -especialmente el de Nueva Zelanda- a revelar sus datos internos de precios en el sector farmacéutico.

Los críticos sostienen que esto solo fortalecerá a las grandes compañías farmacéuticas.

“El principal objetivo es alargar y fortalecer los actuales regímenes de propiedad intelectual a través de nuevas normas que hasta ahora no han sido incluidas en acuerdos de libre comercio”, indicó Judit Rius Sanjuan, de la organización Médicos Sin Fronteras, indicando que esto “postergará el acceso a los medicamentos genéricos”.

“Esta es una prioridad fundamental para el gobierno de Estados Unidos (…), cambiar las reglas de la propiedad intelectual de los países”, sostuvo.

Otro objetivo del TPP es consagrar el periodo de protección del derecho de autor de 70 años que tiene Estados Unidos, que supera ampliamente los 50 años estipulados en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de 1994.

La Fundación Electronic Frontier, un lobby de Silicon Valley especializado en los derechos y regulación vinculados a la tecnología, indicó a su vez que la extensión de los derechos de autor solo “enriquece a las grandes corporaciones de medios, no a los artistas en dificultades; obstaculiza a las bibliotecas, archivos, educadores y personas con discapacidades; y guarda bajo llave toda una serie de trabajos que pertenecen al dominio público”.

Más controles de internet

La fundación también ha advertido que los borradores muestran un esfuerzo para que los proveedores de servicios de internet en los 12 países sean los responsables de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual por parte de sus clientes en línea.

La medida llevará a “más medidas de censura en internet (…) en nombre del cumplimiento del derecho de autor”, sostuvo.

Otro punto polémico es el acuerdo sobre controversias (ISDS) que da a los inversores extranjeros el derecho de demandar a un gobierno en un tribunal extranjero por las políticas o acciones que dañan su inversión.

Este tipo de acuerdo de protección de inversiones ha sido muy criticado cuando ha sido usado, por ejemplo, por compañías gigantes como Philip Morris para demandar a Uruguay o Australia por sus reglas sobre el etiquetado de los paquetes de cigarrillos o la francesa Veolia a Egipto por subir los salarios.

Pero los defensores del acuerdo aseguran que las cláusulas sobre controversias ya están presentes en tratados de comercio bilaterales o contratos de inversión en todo el mundo, por lo que el TPP no cambiaría sustancialmente esto.