El presidente peruano, Ollanta Humala, llega desgastado a su último año de gobierno, con poco tiempo para reactivar una débil economía y combatir la delincuencia que asola al país, asuntos que aprovechan quienes se perfilan para sucederlo en 2016.

La gestión de Humala, un militar en retiro que alguna vez recibió el respaldo de Hugo Chávez, moderó su posición de izquierda para ganar las elecciones en 2011, y tuvo como eje de su gobierno la ejecución de programas sociales para sectores vulnerables, como la infancia y la tercera edad.

No obstante, sus logros estuvieron opacados por críticas de falta de autoridad, escándalos políticos y hasta una investigación fiscal y parlamentaria de las cuentas bancarias de su esposa, Nadine Heredia, por presunto lavado de activos.

El desgaste ha sido tal que el gobernante Partido Nacionalista no tuvo el último fin de semana candidato propio a la presidencia del Congreso, y aquel al que apoyó perdió ante el candidato opositor. El nacionalismo también tuvo varias deserciones y se quedó sin mayoría.

“El último año de gobierno llega en una situación de descalabro político. Ahora no sólo la oposición lo arrincona, sino que las filas oficialistas bajan. Se nota la falta de estrategia política”, dijo a la AFP el analista político y columnista del diario La República Augusto Álvarez Rodrich.

“En medio de todo, quedan tres grandes temas en agenda: seguridad ciudadana, generar condiciones para romper el ritmo de caída de la inversión privada y garantizar elecciones transparentes”, agregó Álvarez.

Humala pronunciará este martes en el Congreso un mensaje a la Nación con sus planes para el último año.

Economía débil

La economía peruana creció en 2014 un 2,35%, la tasa más baja en cinco años, con contracciones en minería y pesca, actividades productivas clave en el país. Si bien se espera un repunte en 2015, violentas protestas socioambientales contra grandes proyectos mineros han generado incertidumbre en el país.

Según la Defensoría del Pueblo, en junio existían 210 conflictos sociales abiertos en el país. 

“En este año los inversionistas van a actuar con prudencia, esperando qué es lo que puede ofrecer el nuevo presidente que llegue en 2016″, comentó a la AFP el exvicepresidente del Congreso y constitucionalista Natale Amprimo. 

El gobierno recibió recientemente la autorización del Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana, y prepara medidas para reactivar la inversión privada, a veces entrampada por trámites burocráticos.

Seguridad ciudadana

Según una encuesta publicada el último domingo, el 76% de los peruanos se siente inseguro por un aumento de la delincuencia.

Los directores de unos 50 colegios del distrito más populoso de Lima, San Juan de Lurigancho, han denunciado ser víctimas de extorsionadores, que les exigen dinero para dejarlos trabajar, bajo la amenaza de matarlos si no lo hacen.

En los últimos dos meses, fueron asesinados el director de una escuela y dos vigilantes de otra, mientras que han aparecido granadas de guerra en los alrededores de centros educativos. Incluso una de ellas fue lanzada en el patio de una escuela.

“Como militar, ya es tiempo que ponga mano dura en este tema”, dijo la legisladora opositora Luisa María Cuculiza, a Canal N. Algunos alcaldes han pedido al gobierno que permita a las Fuerzas Armadas resguardar el orden público.

En uso de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo modificó el lunes las leyes para sancionar hasta con cadena perpetua la acción de sicarios.

El mal menor

En medio de este panorama, incluso el posible candidato nacionalista a las elecciones de 2016, el exministro Daniel Urresti, es cuestionado por los propios militantes, y las encuestas no lo muestran entre los primeros. También militar en retiro, Urresti está procesado por la muerte de un periodista en 1988, en épocas de guerra interna en el país.

“Vamos a elegir al mal menor, no será un voto entusiasta”, consideró el analista Álvarez. Todos los candidatos enarbolan ahora la bandera de la recuperación económica y la seguridad.

Según un reciente sondeo de GfK, las preferencias las lidera Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por crímenes contra los derechos humanos. Lo sigue el exministro Pedro Pablo Kuczynski, y también quieren disputar la contienda los expresidentes Alan García -en cuya segunda gestión se indultaron narcotraficantes- y Alejandro Toledo, investigado por lavado de activos.

“Existe el riesgo, ante un panorama desolador, que el elector dispare un voto al aire, en favor de un ‘iluminado’ de último minuto, y eso puede ser perjudicial”, considera el constitucionalista Amprimo.