Delegaciones del gobierno boliviano y líderes civiles de Potosí (suroeste), una deprimida región andina minera, comenzaron este sábado una compleja negociación para poner fin a una huelga iniciada hace 20 días en demanda de obras sociales y económicas.

Luego de ponerse de acuerdo acerca de la metodología de la reunión -que será “por tiempo y materia, hasta agotar los temas”, según el ministro de Gobierno, Interior, Carlos Romero-, el encuentro ingresó en “un receso en sala” para atender el caso de unos mineros y un radialista presos.

En la reunión, realizada en el Ministerio de Gobierno en La Paz, participan 52 delegados de organizaciones civiles de Potosí y tres ministros.

“Para empezar tenemos un pliego de 26 puntos, de los cuales se han identificado que 12 de ellos estarían dirigidos (..) al gGobierno nacional, 5 a la Gobernación (de Potosí), y 9 a municipios”, resaltó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El líder de las protestas, Johnny Llally, puso como condición para avanzar la liberación de cuatro manifestantes, entre ellos un periodista, enviados a prisión preventiva por un juez por causar destrozos durante protestas mineras en el Ministerio de Gobierno.

Luego de fracasar el miércoles una cita para acercar posiciones, los mineros ocuparon, detonando cartuchos de dinamita, esa oficina gubernamental en la que aún se encontraban ocho ministros.

Provocaron igualmente destrozos en una oficina del Ministerio de Gobierno e incendios, rápidamente controlados, en el jardín de la embajada de Alemania. Los mineros fueron dispersados luego por la policía antimotines.

Asociaciones civiles de Potosí piden al presidente Evo Morales que cumpla su promesa de construir un aeropuerto internacional y una fábrica de cemento en la ciudad, que ahora sus ministros consideran económicamente inviables.

Esta región andina llevó a cabo en 2010 una protesta similar durante 19 días, zanjada con promesas de mayor inversión.

Según los dirigentes de Potosí, casi todas esas promesas fueron incumplidas. El gobierno sostiene, en cambio, que 95% de los pedidos fueron atendidos.