El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago accedió a ampliar solo en 90 días el plazo de investigación del caso Penta-SQM tras la solicitud realizada por el fiscal nacional Sabas Chahuán. El Ministerio Público solicitaba originalmente 150 días.

Asimismo, determinó la sustitución de las medidas cautelares en contra de Carlos Lavín y Carlos Délano, controladores del Grupo Penta, y de Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería, quienes se mantenían con arresto domiciliario total.

De ahora en adelante, explicó el juez Juan Manuel Escobar, los principales implicados en el caso deberán someterse a arresto domiciliario nocturno desde las 22 horas hasta las 6.00 de la mañana del día siguiente.

Los tres permanecerán con arraigo nacional y tendrán que controlar su respeto a las medidas con Carabineros.

Al respecto, las defensas de los aludidos se mostraron conformes con la resolución, destacando que los argumentos vertidos fueron acogidos.

En tanto, el fiscal Pablo Norambuena recalcó que lo importante es que se aumentó el plazo de indagación. “La investigación sigue siendo hoy una sola, pero hoy es una que cuenta con un plazo de adicional”, afirmó.

Cabe destacar que en junio el Ministerio Público solicitó esta audiencia y pidió además postergar la formalización que el tribunal había fijado para el de 30 del pasado mes en contra del operador político, Giorgio Martelli, y la reformalización del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Ello porque el pasado 6 de julio vencía el plazo de investigación y, según explicó entonces el fiscal Chahuán había “una multiplicidad de diligencias muy importantes que hacer”. Entre esas diligencias figuraba la declaración del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt, quien acusó presiones desde el Ministerio del Interior en contra de la indagatoria que realizaba el ente recaudador a Soquimich.

Dentro de las personas que deberán declarar figura el ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas, por el rol que tuvo en la empresa Asesorías y Negocios, firma de Martelli vinculada a una serie de pagos de la minera no metálica.

En su exposición, el fiscal Carlos Gajardo apuntó a la complejidad de los delitos investigados y al extenso periodo que abarca la indagatoria -seis años tributarios- para pedir ampliar la investigación en 150 días, 30 más que lo requerido el 4 de marzo. Arguyó que en otros casos, que han revestido menor complejidad, se ha accedido incluso a una ampliación en dos años, que es el límite con el que cuenta el ente persecutor.

En este tiempo, relató Gajardo, se efectuó un total de 255 diligencias -en promedio dos diligencias diarias-, mientras que la fiscal Carmen Gloria Segura recalcó la naturaleza “dinámica” de la investigación, lo que significa cubrir varias aristas.

Segura añadió que existen varias diligencias que deben efectuarse, y algunas se han extendido porque muchos imputados hicieron uso de su derecho a guardar silencio.

Desde las defensas surgieron opiniones divididas ante la solicitud. Mientras algunos defensores no se opusieron, otros recalcaron que las diligencias pendientes no se relacionan con sus representados.

Fue el caso de Pablo Wagner, cuyo abogado señaló que “no queda nada más que investigar” a su respecto. Mientras, la abogada de Hugo Bravo, Catherine Lathrop, sostuvo que su defendido en numerosas oportunidades ha colaborado con la Fiscalía, por lo que no se justificaba una ampliación del plazo.

Por su parte el abogado de Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, subrayó la necesidad de separar las investigaciones.

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