La arista Corpesca, en las pesquisas vinculadas al financiamiento irregular de la política, a través de la entrega de boletas “ideológicamente falsas”, vuelve a remecer el escenario político y judicial en el país.

No obstante, en este caso, no se trata sólo de la responsabilidad de dirigentes políticos de primer nivel en estos hechos, sino que debido a que los aportes en dinero fueron realizados durante largo tiempo, lo que hace imposible la tesis de un aporte electoral, se plantea la muy delicada situación de una indebida e ilegítima interferencia de un grupo o sector empresarial en el trámite y aprobación de la llamada ley de pesca, que cubrió un extenso tiempo legislativo entre los años 2011, 2012 y 2013, determinando con sus disposiciones la suerte de las riquezas del mar, a lo menos, para un periodo proyectado de dos décadas.

Nunca me pareció un buen síntoma, la permanente presencia de ejecutivos y asesores del sector pesquero industrial en las tribunas y en la cafetería del Senado hasta altas horas de la madrugada, era a lo menos un exceso de celo, en realidad se ejercía una presión indebida; tampoco fue válido el esfuerzo del entonces ministro Longueira de dividir a la organización de los pescadores artesanales, quienes fueron los perjudicados más directos junto a toda la comunidad nacional, por lo que entonces se legisló.

En tal contexto, como Presidente del Senado, tuve el orgullo de acoger en Valparaíso en la sede del Congreso Nacional, a más de medio millar de representantes de la pesca artesanal, provenientes de todo el país, los que constituyeron el Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condep), que hizo múltiples esfuerzos para detener la entrega del mar a un reducido grupo de controladores financieros.

Asimismo, fui parte de la minoría parlamentaria que no pudo detener la máquina que artículó el gobierno de Piñera y que, simplemente arrasó, dotada de una voluntad inequívoca: imponer la ley como fuera. Incluso recurrimos al Tribunal Constitucional y también nos derrotaron, aunque logramos algo importante: el TC declaró que así como se aprobó se modifica, de manera que una mayoría ahora puede rectificar sus disposiciones más injustas o falta de transparencia.

Las indagaciones del Ministerio Público, que afectan a legisladores de ambas Cámaras del Parlamento, indican una etapa superior de la cohabitación entre política y negocios, la de intervenir en el curso mismo de la aprobación de esta ley, afectando severamente la legitimidad de este cuerpo legal.

No cabe duda que por ello, la misma normativa esta irreparablemente dañada. Los que actuaron de esa forma lo hicieron con el grave descriterio de “pan para hoy y hambre para mañana”.

Quienes lo advertimos no fuimos escuchados. Como en la mitología griega los dioses se enceguecieron, probablemente, un negocio superior a más de mil millones de dólares anuales por veinte años renovables, les encandiló de tal manera que no midieron riesgos y abandonaron toda prudencia. No pensaron que podrían ser descubiertos.

La justicia debe sancionar a quienes incurrieron en los delitos de soborno o cohecho; pero además el Congreso Nacional debiese legislar, ahora sin la presión del dinero encima, para así resguardar efectivamente el interés nacional, en una materia de tanta trascendencia geoeconómica, como lo son las riquezas marítimas del país. Ahora la tarea es trabajar para contar con una ley legítima y limpia.

Ello también es parte del gran dilema, que está en el centro de la preocupación nacional, concretar la agenda por la transparencia y la probidad, a fin de restaurar la plena legitimidad de la institucionalidad democrática en Chile.

Camilo Escalona Medina
Vicepresidente Nacional
Partido Socialista de Chile