Las Fuerzas Armadas intervendrán en el control de las protestas contra un proyecto minero en el sur del Perú, que ha dejado tres muertos hasta el momento, además de heridos y daños, informó el sábado el gobierno.

Según una resolución suprema, las FFAA apoyarán a la policía con el fin de “asegurar el control y mantenimiento del orden interno y evitar actos de violencia” en la provincia de Islay, región Arequipa, donde desde hace un mes y medio un grupo de pobladores de esta ciudad -mayoritariamente agrícola- mantiene un paro en oposición al millonario proyecto cuprífero Tía María.

“La policía seguirá bajo el control del orden interno, pero las Fuerzas Armadas colaborarán con ellos, vigilarán el libre tránsito de los ciudadanos, la integridad de las instalaciones estratégicas, puertos, carreteras, puentes, túneles”, dijo a la emisora RPP el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzen.

El 22 de abril, un choque con la policía dejó un agricultor muerto por bala, lo que desencadenó el relevo de los jefes policiales de la zona, mientras que el 5 de mayo falleció otro manifestante. A estas dos muertes se sumó el sábado el deceso de un policía que había quedado gravemente herido tras un enfrentamiento con manifestantes el último miércoles.

Según el ministerio del Interior, hay en total 160 policías heridos tras las protestas.

En las últimas semanas, el gobierno ha invocado al diálogo y ha insistido en que esta inversión cuprífera de unos 1.400 millones de dólares a cargo de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, no utilizará el agua del valle ni será una operación que afecte al medio ambiente.

Los opositores al proyecto recuerdan que desde 2009 la población se oponía a Tía María. En 2011 murieron tres personas durante una protesta contra esas obras, que se declararon inadmisibles. Pero, en 2013, bajo una legislación ambiental más flexible, se le dio luz verde.

Las protestas contra la industria de extracción de recursos naturales -clave para el crecimiento económico del país- se han intensificado en Perú a un año de las elecciones generales.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta marzo se contabilizaron 211 conflictos sociales. De estos, casi el 67% son socioambientales.

Debido a las constantes protestas, a fines de marzo, Southern estuvo a punto de abandonar Tía María, pero el gobierno intervino para evitarlo.