Revuelo político ha causado la nueva denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich, por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a 4.340 millones de pesos.

Esta denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados.

Se trata de 237 facturas falsas, por un monto de 2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros 2.145 millones de pesos, documentos emitidos en el período correspondiente a los años tributarios 2009 al 2014.

El SII identificó a 172 contribuyentes que recibieron un total de 4.340 millones de pesos de SQM por trabajos sin respaldo y que son investigados por la Fiscalía.

Parte del dinero pudo haber sido usado para el financiamiento ilegal de la política. CIPER rastreó los nombres y detectó sus nexos con partidos.

Allí aparecen 74 personas vinculadas a la derecha y 11 al oficialismo, entre ellos el abogado Juan Marco Moreno, hombre clave de la agenda legislativa del gobierno desde la Segpres. Además hay siete personas vinculadas al PRI.

De acuerdo a distintas investigaciones periodísticas, se trataría de 59 personas vinculadas a la UDI, 15 a Renovación Nacional, 12 al PRI, 7 a la Democracia Cristiana y 3 al PPD.

En la nómina del SII, después de un rastreo realizado por CIPER de sus vinculaciones políticas y familiares, figuran siete personas ligadas a la Democracia Cristiana, las que suman un monto de 171,6 millones nde pesos pagados por SQM (vea la nómina).

Otras tres son militantes del PPD, con facturas por 35 millones. También aparecen 12 personas vinculadas al Partido Regionalista Independiente, PRI, con pagos de SQM por 329 millones

La suma de las boletas cuestionadas por el SII emitidas por contribuyentes vinculados a la UDI, en total sobrepasan los 536 millones de pesos.

Ello, sin contar los dineros que fueron presumiblemente desviados desde SQM a entidades relacionadas con el gremialismo, como la Corporación de Asuntos Públicos (que facturó 131 millones a SQM) el Centro de Estudios Nueva Minería (controlada por Cristián Leay) y la Fundación Chile Justo (creada por Pablo Longueira).

También se suma a la nómina Loreto Undurraga Casteblanco, quien está casada con Francisco José Brinkmann Estévez, cuñado de Pablo Longueira.

Tal como lo indicó Ciper La Tercera, la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Alejandra Zúñiga Flores, también está incorporada a la denuncia del SII. La periodista trabajó con Pablo Zalaquett y Pablo Longueira y en las últimas presidenciales se encargó primero de las comunicaciones de Longueira y luego de las de Evelyn Matthei. Entre 2012 y 2013 asesoró al comité de senadores del partido.

También periodista, Augusto Jorge Da Fonseca Dreyer, recibió 6 millones de SQM. Fue asesor comunicacional de la Intendencia Metropolitana entre 2010 y 2013. Antes trabajó en la Municipalidad de Providencia, en el comando presidencial de Joaquín Lavín, en la agencia de comunicaciones Hill & Knowlton Captiva y en la Academia de Guerra del Ejército.

Entre las facturas sin respaldar aparecen dos sociedades ligadas a Sebastián Piñera.

La primera es Bancorp, matriz de inversiones del ex mandatario. La denuncia incluye 15 facturas por un total de 318 millones de pesos, aunque desde la empresa aseguraron que los servicios fueron realizados y que Piñera nunca ha tenido ingerencia en la gestión de Bancorp, que es administrada por sus hijos.

La otra es Vox Populi, propiedad de Bancorp y Bancard, y dedicada a estudios de opinión y mercado, que funcionó entre 2000 y 2010. Según señalaron desde Bancorp, “Vox Populi contaba con un gran número de clientes. Entre estos se encuentra SQM, a quien prestó servicios de su giro, cuyos ingresos se facturaron y contabilizaron de acuerdo a las normas tributarias y la legislación vigente”.

Entre las seis personas vinculadas a la Democracia Cristiana figura con el monto más alto es Roberto Javier León Araya, hijo del diputado Roberto León Ramírez (DC). Las boletas que entregó a la minera suman $123,7 millones.

Esta nueva denuncia también golpea al entorno inmediato del nuevo presidente de la Democracia Cristiana, el senador Jorge Pizarro. Once facturas, por un total de 45 millones de pesos de la empresa Ventus Consulting S.A. son parte de la información que entregó el SII.

La empresa fue constituida el 14 de enero de 2010 por Jorge Pizarro Cristi, y su hermano Sebastián. Los dos son hijos del y presidente electo de la DC.

Actualmente Jorge Pizarro Cristi, hijo del senador, es el vicepresidente del Comité de Inversiones Extranjeras y está casado con Paula Pacheco, hija del ministro de Energía, Máximo Pacheco, y jefa de gabinete del subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.

Pizarro Cristi y su esposa trabajaron en el comando de Michelle Bachelet. Anoche, desde Ventus explicaron que firmaron un contrato con SQM “en marzo de 2011, para la prestación de servicios de consultoría y asesoría comunicacional”, los que “fueron realizados y facturados”.

El representante legal de la sociedad es el periodista Sebastián Pizarro, quien actualmente trabaja en Minera Escondida según la información que publica en su perfil de LinkedIn.

Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, emitió una factura a SQM por 30 millones. La sociedad, creada en 2006, está ligada a la familia Frei: fue constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y, su esposa,Mónica Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle.

Yaconi, por su parte, es socio de Juan Pablo Hermosilla en Hermosilla y Compañía Abogados Asociados; fue representante de la Fundación Frei; y ha sido mencionado como recaudador de la campaña presidencial de Eduardo Frei en el 2009.

Sur Profesionales Consultores está investigada por cuatro facturas emitidas a SQM y cuestionadas por el SII, las que suman 20 millones. Uno de sus representantes legales es el sociólogo Eugenio Tironi Barrios, dueño de una de las empresas de comunicación estratégica más influyentes del país.

En la nueva nómina entregada por el SII también aparece la sociedad familiar del actual director de Chilevisión: Jaime de Aguirre Hoffa. Inversiones La Música Limitada fue modificada en noviembre de 2010 y pasó a llamarse Asesorías e Inversiones La Música SpA. Esta sociedad presenta tres boletas entregadas a SQM, por 45 millones de pesos.

En la lista aparece también una empresa que ya está siendo investigada en el Caso Penta:Asesorías Cristina Zúñiga Paredes . Ahí está el ex operador político y ahora experto en campañas electorales, Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”.

Esa empresa ha prestado asesorías aparlamentarios UDI y de la Nueva Mayoría que le han significado ingresos por más de 126 millones de pesos. Para SQM, figura emitiendo cinco facturas por un total de $17,5 millones.

Otro nombre que vuelve a cruzarse entre las investigaciones por financiamiento ilegal de la política es el de la lobista Cristina Bitar Malik, socia de la empresa de comunicaciones estratégicas Azerta. En el caso Penta, ella figura recibiendo dineros cobrados a través de boletas de la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, para pagar supuestos gastos de la campaña senatorial de 2009 de Joaquín Lavín.

Ahora, su nombre aparece vinculado a Asesoría e Inversiones Lima, una empresa que comparte con su padre Lorenzo Bitar –hermano del ex ministro Sergio Bitar– y la empresa OXO Chile. La sociedad, que es representada legalmente por Cristina Bitar, emitió siete facturas a SQM por un total de 185 millones de pesos.

En la nómina de los nuevos investigados por el SII por boletas sin justificación de servicios prestados a Soquimich, aparecen dos abogados que llevan directamente al PPD y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres): Juan Marco Moreno Rosales (con pagos por $15 millones) y Luis Andrés Carracedo Aguayo (boletas por $5 millones).

Ambos están relacionados a laconsultora Altercom Asociados, la que también figura en la nómina de los nuevos investigados por el SII, recibiendo pagos de SQM por $10 millones. Su accionista principal es el mismo abogado Juan Marco Moreno Rosales, hasta hace unas horas presidente del Tribunal Supremo del PPD.
Moreno operó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle Bachelet.

En los registros el fallecido senador Adolfo Zaldívar figura recibiendo pagos por 20 millones. Junto a quien fuera la figura principal del PRI, en la lista del SII aparecen querellados otros 11 dirigentes y personas vinculadas a ese partido, recibiendo todos un total de $329 millones de Soquimich.

Ignacio Arturo Rojas Rojas es el único radical que se puede identificar en la nómina de personas que incluyó el SII en la ampliación de su denuncia criminal en contra de SQM. La minera le pagó $6 millones. Rojas es periodista y entre 2009 y 2011 recibió honorarios de su partido y también del Comité de Senadores del PRSD. Desde marzo de 2014 tiene un contrato a honorarios en la Subsecretaría de Economía, como apoyo de comunicaciones y coordinación de prensa.

Cristián Warner, ex secretario general del PRO y quien es considerado mano derecha de Marco Enríquez-Ominami, prestó servicios a la Soquimich, entre 2009 y 2014. Según detalló un comuynicado de Enríquez-Ominami, esos servicios “fueron pagados por mi campaña presidencial a su empresa, como consta en los documentos presentados al Servicio Electoral. Agradezco a Cristian Warner por haber entregado voluntariamente esta información.”