El caso de una joven de 25 años que fue detenida en Calama luego de ser acusada de inducirse un aborto reabre el debate por confidencialidad del paciente.

Se trata de una mujer que ingresó el sábado hasta el Hospital Carlos Cisternas con síntomas asociados a la pérdida de un embarazo. Al ser atendida por el ginecólogo de turno del establecimiento, se habría detectado el uso de Misotrol, un medicamento que se utiliza para practicar abortos.

El médico a cargo llamó a Carabineros para denunciar un aborto, por lo que la joven quedó detenida por infracción al articulo 344 del Código Penal. Así lo confirmó el director del Hospital, Patricio Toro.

El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, dijo que no le corresponde a los funcionarios ser interrogadores de sus pacientes, sino que darles la calidad de atención que merecen.

Agregó que estas situaciones, donde las mujeres que se practican un aborto son denunciadas por el personal de salud, debieran quedar subsanadas con la ley sobre despenalización del aborto que se está tramitando en el Congreso.

La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, estimó que fueron violados los derechos humanos de la joven y que el médico debiera disculparse por denunciarla.

En Chile el aborto está penalizado en todas sus formas, con penas de cárcel que van de 3 a 5 años. El Ejecutivo envió en enero un proyecto de ley al Congreso que cambiará el código sanitario y permitirá el aborto bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

Aún así, en estos casos que no corresponden a las tres causales y que continuarán siendo penados por ley, el proyecto del Ejecutivo indica que la confidencialidad del paciente está por sobre la denuncia que deberán realizar los médicos.