El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff anunció el miércoles un conjunto de medidas para combatir la corrupción en Brasil, en momentos en que un monumental escándalo de desvío de fondos públicos sacude a la estatal Petrobras.

“Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción”, dijo la mandataria en Brasilia, pocos días después de una serie de masivas protestas callejeras en su contra, con foco en el fraude a Petrobras.

La procuraduría de la república tiene bajo la lupa a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, señalados por algunos de los acusados, que confesaron haber sobornado a directivos de la petrolera para manipular licitaciones de obras y poder cobrar sobreprecios.

Según esas declaraciones ante la justicia, que aún están siendo investigadas, el dinero generado por ese sistema delictivo era destinado al enriquecimiento personal de los miembros de la red y para financiar organizaciones políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores.

El episodio ha cobrado un precio muy alto a la popularidad de Rousseff, quien asumió su segundo mandato en enero y cuya aprobación actual se desplomó a 13% según una encuesta divulgada por Datafolha este miércoles.

El paquete de medidas anunciadas por el gobierno, en la forma de proyectos de ley, permitirá calificar como crimen a los fondos para financiar campañas electorales que no sean contabilizados, confiscar bienes de funcionarios que no puedan justificar su origen, vender los activos incautados y dejar ese dinero en custodia judicial hasta tanto se defina el caso investigado.

Otra de las iniciativas busca que quienes estén ligados al poder público tengan una “ficha limpia” de antecedentes judiciales.