El Tribunal Constitucional ordenó este martes paralizar la investigación que lleva el Ministerio Público de la denominada arista SQM, que busca determinar aportes irregulares a campañas políticas a través de boletas ideológicamente falsas.
En decisión unánime, la Segunda Sala de dicho tribunal ordenó a los fiscales abstenerse de realizar diligencias -como incautaciones y allanamientos- a partir de hoy.
Lo anterior, luego de acoger a trámite el recurso presentado por el abogado Samuel Donoso en representación del ahora ex gerente de SQM, Patricio Contesse, quien alega falta de legitimidad en la investigación que lleva la Fiscalía.
Dicho requerimiento solicitaba además “la suspensión de la gestión en la que incide el requerimiento”, es decir, que las diligencias quedaran detenidas mientras se resuelve el recurso.
Ex gerente de SQM acude a Tribunal Constitucional para detener investigación de Fiscalía http://t.co/cdSNEguqi8 pic.twitter.com/kbu7V0EgmX
— BioBioChile (@biobio) marzo 16, 2015
Además, el relator de la Segunda Sala del TC, Rodrigo Picase, indicó que se programó una audiencia para el 25 de marzo a las 16:00 horas, donde deberán estar presentes los fiscales del Ministerio Público y el abogado Samuel Donoso, para alegar la admisibilidad del recurso.
Pero también deberán estar presentes los representantes del Servicio de Impuestos Internos (SII), y el ex gerente de SQM Patricio Contesse. Asimismo podrá hacerse parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los alegatos.
Recordemos que Contesse fue despedido por el directorio de SQM y la decisión fue informada a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores, el cual asimismo dio cuenta de la designación en el cargo de Patricio de Solminihac.
Golpe a la Fiscalía
La decisión del Tribunal Constitucional significa un duro golpe para el Ministerio Público, que intenta obtener los antecedentes mientras el Servicio de Impuestos Internos define la presentación de una querella.
En medio de dichos esfuerzos, la fiscalía pidió al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago una orden para allanar e incautar libros de contabilidad de la empresa minera, ubicada en Avenida Los Militares 4290 en Las Condes.
De acuerdo a la petición, se trata de libros que van desde el 2009 al 2014, en medio de la investigación por presuntos aportes irregulares a campañas políticas.
No obstante, ésta y otras diligencias que pretendía la llevar a cabo el Ministerio Público quedarán paralizadas, dejando en riesgo el éxito del caso tomando en cuenta que en marzo se cumple el plazo de prescripción de los eventuales delitos cometidos en 2009.