La procuraduría general de Brasil agregó un senador socialista a la larga lista de legisladores que están siendo investigados por la confabulación empresaria y política en la estatal Petrobras, que desvió 4.000 millones de dólares en la última década.

La Corte Suprema aprobó el pedido de la Fiscalía para determinar la actuación del senador Fernando Bezerra, del Partido Socialista de Brasil, a partir de indicios aportados por los acusados que colaboran con la justicia a cambio de una menor condena.

Con Bezerra, quedaron bajo la lupa de la justicia 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, todos en funciones.

“El pedido de investigación fue autorizado”, dijo a la AFP un asesor de prensa de la Corte Suprema, en referencia al proceso que se iniciará sobre el ex ministro de Integración Nacional del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff entre 2011 y 2013.

La “Operación Lava Jato” (Lavadero de autos) extendió un manto de sospechas sobre muchas de las principales constructoras y partidos políticos de Brasil. La trama revelada por la policía dejó al descubierto cómo las compañías sobornaban a directivos de Petrobras para poder manipular licitaciones y sobrefacturar las obras, generando un flujo de dinero negro que enriquecía a los que formaban parte de la red y financiaba a agrupaciones políticas.

La mayoría de las acusaciones salidas de las delaciones premiadas apuntan a las fuerzas que integran la alianza gobernante, formada por el Partido de los Trabajadores fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, el PMDB, una fuerza de centro con estructura nacional y un bloque grande de legisladores y el Partido Progresista, entre otros.

El corrimiento del velo en la petrolera abrió un capítulo de mucha incertidumbre y tensión entre los poderes de la república en Brasil. No obstante, los hechos delatados deben ser probados antes de convertirse en denuncias legales y generar una causa que pueda terminar en condena.