Tras su renuncia a la vicepresidencia nacional de la Unión Demócrata Independiente, el senador Iván Moreira afirmó que sólo cometió una infracción electoral y que todos en el mundo público saben cómo se financia la política.

“Estamos hablando de una infracción electoral, que es muy distinto a las otras situaciones de Fraude al Fisco y al FUT”, señaló Moreira.

El parlamentario por la Región de Los Lagos remarcó que ya dio la cara, desmarcándose de las investigaciones por fraude en el Caso Penta.

Su salida de la mesa directiva del gremialismo, de momento, es el efecto colateral más duro que ha tenido que enfrentar el parlamentario, luego de reconocer una serie de irregularidades en el financiamiento de su campaña en 2013, directamente vinculada a las empresas Penta.

El legislador reconoció lo golpeada que está la UDI en la actualidad, atravesando probablemente la crisis más grande de su historia, que compromete seriamente la probidad y la ética de algunos de sus militantes.

Su dimisión tiene directa relación con buscar la unidad de la colectividad -según dijo- para afrontar los flancos abiertos a los ataques de la Nueva Mayoría e incluso, de políticos de su mismo sector; de ahí que haya decidido seguir a Ernesto Silva en su salida del mando de la UDI.

Moreira no ha podido escapar del juicio público, luego de ser vinculado al caso Penta, tras reconocer que recibió aportes del cuestionado grupo económico encabezado por Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.

Conocido fue el intercambio de un correo electrónico con el ex gerente general del Grupo Penta, Hugo Bravo, a quien le solicitaba “un raspado de la olla” y “cupones de combustible para los últimos mil metros finales”.

El senador afirmó que en el mundo político todos saben cómo se financian las campañas, por lo que nadie puede rasgar vestiduras ni “tirar la primera piedra”.

Moreira enfatizó que es deber del mundo político crear las condiciones necesarias para dar transparencia al país en torno al financiamiento de campañas y en general para regular la relación de la actividad pública y los negocios, con el fin de evitar “infracciones electorales” como las que él mismo reconoció, continúen siendo pan de cada día en la política chilena.